Antonio González Plessmann, codirector del colectivo de derechos humanos Surgentes, denunció este lunes presuntas irregularidades en la recepción de solicitudes de amnistía en los tribunales de la capital venezolana. La declaración se produjo a las puertas de la sede judicial, donde el activista acompañó a Martha Lía Grajales en su intento de acogerse a los beneficios previstos en la legislación vigente.
González Plesman informó que, a pesar de que el artículo 11 de la Ley de Amnistía faculta a los ciudadanos para realizar esta petición de manera directa, el Tribunal Primero de Control con competencia en terrorismo se negó a procesar el documento. «Ella misma intentó, ejerciendo el derecho que le da el artículo 11 de la Ley de Amnistía, presentar la solicitud y no le fue recibida», explicó el codirector de Surgentes.
Denuncia de un patrón de rechazo
De acuerdo con el testimonio ofrecido, tras un tiempo de espera, los funcionarios judiciales informaron a los interesados que no podían recibir el trámite. «Luego de un rato les dijo que no lo podía recibir y colocaron un cartel señalando que no había despacho», señaló González Plesman. El activista advirtió que no se trata de un incidente aislado, sino de una situación recurrente en las sedes judiciales de Caracas. «Conversamos con otras personas en el tribunal y nos dimos cuenta que es un patrón que está ocurriendo con los casos de solicitudes de amnistía», añadió.
Ante este escenario, el colectivo Surgentes hizo un llamado urgente a las instancias encargadas de velar por la ejecución de la norma. El representante del colectivo exigió a los tribunales, al programa de convivencia y paz, y a la comisión de seguimiento de la Asamblea Nacional que «tomen cartas en el asunto».
El objetivo de la solicitud es que se «acelere y se permita que las personas que tienen derecho a hacer esta solicitud puedan hacerla». González Plesman subrayó la importancia de que se formalice la recepción de los documentos para que «empiecen a correr los 15 días hábiles que señala la ley» para la resolución de cada caso, garantizando así el cumplimiento de los plazos legales establecidos en el marco del proceso de amnistía nacional.
