La organización no gubernamental Laboratorio de Paz presentó este lunes un documento estratégico titulado «10 criterios irrenunciables de justicia en transición». El texto surge en lo que la organización califica como un «momento clave para el futuro democrático» del país, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y la asunción de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
La organización enfatizó que el nuevo escenario nacional, caracterizado por una amnistía general y el deshielo diplomático con Washington, no debe traducirse en olvido. Para Laboratorio de Paz, el eje central de cualquier proceso de cambio debe ser el resarcimiento profundo de quienes sufrieron abusos por parte del Estado.
La propuesta principal de la ONG radica en que el Estado venezolano debe garantizar una «reparación integral» que trascienda el pago de dinero. Según el comunicado, el proceso debe abordar dimensiones morales y psicológicas para ser efectivo. «Reparar implica más que indemnizar: incluye reconocimiento público, memoria, atención psicosocial y restitución de derechos. Sin dignificación, no hay justicia completa», sentenció la organización.
Este enfoque busca que las víctimas dejen de ser vistas como meros «instrumentos del proceso» y sean reconocidas plenamente como sujetos de derechos en una sociedad que intenta reconstruir su tejido institucional.
La ONG fue tajante al advertir sobre los peligros de una transición basada en la impunidad. De acuerdo con su análisis, delitos graves como tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas deben ser objeto de investigaciones rigurosas y sanciones firmes, argumentando que el derecho internacional prohíbe leyes que impidan juzgar a los responsables de tales crímenes.
- Responsabilidad Estatal: La organización recordó el deber inalienable de «investigar, juzgar y sancionar».
- Reforma Institucional: Alertó que ningún acuerdo será legítimo «si permanecen las condiciones para que ocurran nuevos abusos».
- Transparencia: Los procesos judiciales deben ser técnicos y sólidos, evitando lo que denominaron una «justicia simulada», la cual consideran otra forma de impunidad.
A medida que el gobierno de Delcy Rodríguez avanza en la apertura petrolera y la excarcelación de presos políticos, Laboratorio de Paz sostiene que la estabilidad a largo plazo depende de la verdad. La sociedad venezolana tiene, a su juicio, el derecho irrenunciable de conocer quiénes fueron los responsables y qué mecanismos permitieron las violaciones de derechos humanos.
Para lograr esto, proponen la complementariedad entre los tribunales nacionales, las comisiones de la verdad y los organismos internacionales. La meta final no es solo mirar al pasado, sino establecer los estándares éticos de la nueva República.
«La justicia construye futuro. La justicia en transición no solo responde al pasado, establece límites éticos, reconstruye confianza, sienta las bases de una democracia duradera. Sin justicia, no hay cierre. Sin cierre, no hay nuevo comienzo», concluye el documento.
