El analista político y defensor de derechos humanos, Nicmer Evans, acudió este martes a la sede de los tribunales de control para formalizar su solicitud de aplicación de la Ley de Amnistía. Tras realizar el trámite ante el Tribunal Primero de Terrorismo, el vocero de la plataforma Punto de Corte explicó los detalles técnicos del proceso con el fin de disipar dudas y combatir la desinformación que ha rodeado a los posibles beneficiarios.
Evans confirmó que su documento fue recibido satisfactoriamente, lo que a su juicio desmiente versiones que complican el acceso a este derecho. “Esto pone en evidencia y tumba absolutamente cualquier información malintencionada que afirma que hay que recurrir a la fiscalía para que se haga la solicitud; la vía expedita es directamente en los tribunales”, afirmó el comunicador.
Durante sus declaraciones, Evans detalló que, aunque la ley permite que la solicitud sea gestionada por abogados, defensores públicos o el Ministerio Público, existe una modalidad directa y «personalísima». En su caso particular, contó con la orientación de la organización Foro Penal y del abogado Juan Carlos Pinto para la redacción del texto, aunque insistió en que el ciudadano puede consignarlo de manera individual.
No obstante, aclaró que la recepción del documento es solo el inicio del lapso legal: “No quiere decir con esto que estoy amnistiado. Ha sido aceptada la solicitud y en 15 días me deberán dar la respuesta”. Mientras transcurre ese periodo, Evans precisó que los solicitantes deben mantener sus regímenes de presentación: “Yo me sigo presentando en el tribunal hasta que haya una respuesta en relación con esto”.
Uno de los puntos críticos señalados por el analista es la ausencia de mecanismos de información in situ para los exdetenidos y sus familias. Evans relató haber encontrado a personas dentro del Palacio de Justicia que desconocen a qué instancia acudir o cuáles son sus condiciones de libertad actuales.
“Es imprescindible que se establezca por parte de la Comisión de la Asamblea Nacional un punto de orientación dentro o en la entrada del tribunal para que cada una de las personas (…) puedan tener la orientación necesaria aquí mismo”, exhortó.
El defensor de derechos humanos enfatizó la necesidad de que el proceso sea masivo, ordenado y, sobre todo, gratuito, para evitar posibles gestorías o cobros indebidos. “El derecho absoluto es el acceso a la justicia de manera gratuita”, sentenció, subrayando que el desconocimiento actual es consecuencia directa de una «ausencia de información» oficial sobre cómo se operacionaliza la ley.
Al ser consultado sobre las implicaciones legales de una respuesta favorable, Evans recordó la naturaleza jurídica de esta medida, diferenciándola de un indulto o un perdón tradicional. Según explicó, la amnistía debe traducirse en la libertad plena y el cierre definitivo del expediente.
“La aplicación de la ley de amnistía implica el cese; amnistía es amnesia, es olvido. Es el olvido del proceso judicial y de la causa. Eso implica que el proceso se detiene y no hay ningún tipo de sanción que se aplique al proceso que se había abierto anteriormente”, concluyó el analista.
