Desde el Movimiento Ciudadano @Dale_LETRA, defendemos el derecho a la protesta pacífica, consagrado en el Artículo 68 de la Carta Magna. Esta ha sido y siempre será una demanda de nuestra parte hacia el Estado venezolano: el cumplimiento de su deber de respetar, facilitar y proteger dicho derecho.
Desde nuestra fundación en 2017, hemos rechazado categóricamente las expresiones y acciones de funcionarios del Estado venezolano y de otros sectores radicales que intentan transformar la legítima protesta pacífica de las grandes mayorías en un enfrentamiento entre hermanos venezolanos.
Consideramos inaceptable la detención arbitraria, la persecución y el amedrentamiento de activistas sociales y políticos que se han intensificado en las últimas horas, especialmente la detención de Carlos Correa, director de Espacio Público y destacado defensor de derechos humanos, así como del excandidato presidencial del partido Centrados, Enrique Márquez. Igualmente, rechazamos el despliegue de efectivos militares y civiles armados, junto con las amenazas y advertencias proferidas por funcionarios públicos ante la convocatoria a una manifestación pacífica.
Demandamos el cese de la represión y de las detenciones arbitrarias, y persistimos en exigir que la autoridad electoral cumpla con la publicación transparente de los resultados electorales, asumiendo la responsabilidad política de exhibirlos de manera tabulada, mesa por mesa, como ha sido la tradición electoral venezolana, garantizando así el reconocimiento y la legitimidad del ganador por parte del colectivo nacional. Asimismo, consideramos inaceptable que se publiquen en redes sociales amenazas sistemáticas de intervención por parte de mercenarios internacionales, y condenamos enérgicamente que en las últimas horas se publiquen convocatorias instando a portar armas de fuego en la manifestación convocada para el día de hoy.
Demandamos al liderazgo político que, con pleno derecho, solicita la verificación de los resultados electorales que defina con claridad su rechazo a estos llamados que desvirtúan el carácter pacífico de la manifestación.
El reconocimiento de la voluntad popular, expresada el pasado 28 de julio, implica también reconocer que las grandes mayorías de los venezolanos que nos movilizamos ese día, independientemente de nuestras preferencias políticas manifestamos nuestra inequívoca voluntad de transitar en paz hacia las transformaciones que nuestra sociedad necesita, así como un compromiso con la no violencia.
El respeto a la soberanía popular mediante la verificación transparente de los resultados de los procesos electorales es la regla más elemental del juego democrático y un derecho político fundamental. La vulneración de este derecho impedirá que el pueblo soberano dote de legitimidad mediante su voto a quienes dirigen el Estado, lo que representa un conflicto que afecta al conglomerado nacional en su MOVIMIENTO CIUDADANO @Dale_LETRA conjunto, dado el impacto que esto tiene en las capacidades del Estado para garantizar la satisfacción de otros derechos: económicos, sociales, culturales y ambientales, a sus ciudadanos.
Por ello, exigimos en los términos más contundentes a ambos y mayoritarios sectores políticos, que recibieron el apoyo y el mandato de representación del pueblo de Venezuela, que, poniendo a los venezolanos en el centro, cumplan con el compromiso asumido ante el país mediante el Memorándum de Entendimiento (MdE) firmado en México en 2021 entre las partes y respaldado por la actual Asamblea Nacional, ente que ratificó el compromiso con el desarrollo de todos los procesos de diálogo que sean necesarios para asegurar la paz, fortalecer la democracia y contribuir al desarrollo económico y social de la Nación, mediante acuerdo publicado en la Gaceta Oficial No. 6.637 Extraordinario del 17/08/2021, Ese compromiso debe honrarse cumpliendo la responsabilidad ética, política y humana de atender el sufrimiento de millones de venezolanos que padecen violencia estructural producida por el colapso de los servicios públicos, de los sistemas de salud y educación, la depauperación del salario y el dolor de la migración, etc.
Es urgente propiciar un esfuerzo para avanzar en un proceso que abra nuevas perspectivas políticas y sociales que nos permita transformar el conflicto multinivel que nos ha devastado como nación, que permita trabajar para aliviar las tensiones y reducir el riesgo de más violencia, construyendo un Acuerdo Integral de Convivencia Política y Social, como ha señalado el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la mayoría de los actores de la Comunidad Internacional.
Nos toca a los ciudadanos remontar este difícil momento y convertirnos en los agentes de transformación con visión de mediano y largo plazo, profundizando lo que ha sido la labor esencial de nuestro hacer en las comunidades: recuperar la confianza, mediante el diálogo y el trabajo mancomunado, entre los diferentes actores nacionales, pues solo así seremos capaces de una acción colectiva sistemática basada en la cooperación y la solidaridad para restablecer el Estado de Derecho y la paz real.
A la comunidad internacional le reiteramos nuestra solicitud de activar todas las capacidades diplomáticas y políticas para fomentar una negociación con apoyo internacional y contribuir a crear un entorno propicio para resolver el conflicto político y social venezolano.
Esto requiere mantener, de manera indefectible, canales de comunicación con las partes, para explorar los límites políticos y delinear la ruta de regreso a una mesa de negociación para definir un régimen político con espacios y garantías institucionales compartidas, que se base en el reconocimiento mutuo y normas claras de convivencia democrática entre los protagonistas del conflicto, facilite la renovación del sistema político en su conjunto, impulse el camino de la reinstitucionalización y sea capaz de viabilizar políticas públicas que respondan a las necesidades y a la demanda de transformación del pueblo de Venezuela.
Caracas, 09 de enero de 2025
