A escala nacional hay estructuras armadas que “van a crecer muy rápidamente en el tiempo y que van inexorablemente a entrar en una etapa de conflicto entre ellas”, señala Rocío San Miguel. «En todo el arco minero se está viendo una proliferación de compañías militares privadas: estoy hablando de compañías venezolanas, personal militar retirado venezolano que forma compañías y ofrece servicios de seguridad”, detalla Andrei Serbin Pont
¿Existe una conexión entre las megabandas en La Vega y la Cota 905, los grupos armados en las zonas mineras del sur del país, los grupos irregulares en Apure, los grupos que manejan las trochas para pasar a Colombia y viceversa? Analistas de conflictos consideran que sí, que hay un hilo conductor entre todos. Francisco Alfaro, experto en mediación y pacificación, sostuvo este lunes que el conflicto venezolano se hace cada vez más complejo mientras grupos armados le disputan al Estado el uso de la fuerza.
Hay actividades que se pensaban circunscritas a la frontera, y ya no es así. No se debe perder de vista que, como lo asegura Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, “hay presencia de la guerrilla a lo interno del territorio nacional”, no solo en zonas de Zulia, Táchira y Apure. “Estamos hablando de presencia de guerrilla claramente en los estados Amazonas y Bolívar, probablemente con ramificaciones en el estado Guárico”. San Miguel calcula que ese espacio que ocupan “puede llegar a significar 50% del territorio nacional”. Ya “tienen capacidad de operar en muchos estados, con un entrenamiento probado en guerra durante 60 años, con elementos logísticos y muy sofisticados de información, con soporte económico que les brindan los tráficos”.
Se van sumando otros elementos que vuelven más compleja la situación. El conflicto se privatiza en el estado Bolívar, donde “hay unos niveles de conflictividad que son más altos que los de Apure, y con elementos que se agregan”, advierte el analista Andrei Serbin Pont. “En todo el arco minero se está viendo una proliferación de compañías militares privadas: estoy hablando de compañías venezolanas, personal militar retirado venezolano que forma compañías y ofrece servicios de seguridad”. Son las famosas contratistas.
“La extracción mineral en esa zona está en buena parte financiada y apoyada por factores externos como China, Turquía, China, Rusia, Irán”, confirma. “El hecho de que hay potencias extranjeras involucradas dificulta aún más la situación”.
A escala nacional hay estructuras armadas que “van a crecer muy rápidamente en el tiempo y que van inexorablemente a entrar en una etapa de conflicto entre ellas”, anticipa San Miguel. La experiencia en otros países indica que, al haber tráficos ilegales, se llega “al choque armado entre los distintos grupos que intervienen en esos tráficos”. Eso, agrega, “lo hemos aprendido de Asia, de Europa Oriental y de Centroamérica”.
Mientras se expande la violencia la Fuerza Armada venezolana “se encuentra en una profunda crisis de todos los órdenes: seguridad social, asistencia sanitaria, bajos salarios y una compleja situación política interna que los afecta”. Los militares “no son extraterrestres”, recuerda.
Se equivoca quien crea que la salida del poder de Nicolás Maduro cambiaría esta situación. El problema de los grupos armados va a seguir existiendo “sin importar quién está controlando efectivamente las instituciones del Estado”, evalúa Serbin Pont. “El día de mañana hay una transición democrática en Venezuela y ese gobierno va a seguir teniendo un problema en Apure, va a seguir dependiendo del mismo instrumento militar para lidiar con ese conflicto en Apure”.
El pronóstico de San Miguel no es alentador. A su juicio, cada vez más se verán “conflictos armados localizados a todo lo largo y ancho de la frontera por el control de espacio alrededor de estas economías ilegales”. Serbin Pont no ve soluciones en el corto plazo y sentencia que pensar que esto se soluciona con rapidez “no es realista”. Pero al menos para atender la crisis en La Vega, el padre Alfredo Infante, párroco de la parroquia San Alberto Hurtado de la parte alta de La Vega, propone que la Cruz Roja intervenga.
