En el foro «Basta de Represión: Liberen a los presos políticos«, realizado en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Faces) de la Universidad Central de Venezuela, el periodista Manuel Isidro Molina presentó un análisis sobre la situación de los detenidos por motivos políticos en el país.
Molina inició su intervención respaldando la exposición previa de otra ponente, Martha Lía Grajales, señalando que la gravedad de la situación es «insólita e inaceptable». Subrayó que «el problema no se limita a una cifra específica de presos, sino que abarca a más de 10.000 familias venezolanas» afectadas por un «sistema represivo impuesto de manera premeditada y consistente».
Un sistema «corrupto y envilecido»
El periodista enfatizó que la represión no es resultado de acciones individuales, sino de un sistema de justicia venezolano al que calificó de «corrupto, envilecido» y diseñado para «aterrorizar a toda la población venezolana», buscando «humillar al ser humano».
Denunció la existencia de un «capítulo mediático» en este sistema, mencionando el programa «Con el mazo dando», conducido por el Ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello. Molina describió este espacio como un medio para «la burla, el menosprecio y la descalificación moral de todos los luchadores en Venezuela».
Afirmó que gran parte de los integrantes del sistema judicial son personas «indignas», corrompidas tanto económicamente como moralmente, que «pisotean los derechos constitucionales del pueblo venezolano a diario».
Responsabilidad del Poder Ejecutivo y organismos parapoliciales
Molina señaló al Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, como responsable de una «política premeditada de persecución, castigo, humillación y aterrorización» de activistas políticos, sociales, gremiales y sindicales.
Asimismo, resaltó la articulación del gobierno con organismos policiales y militares como la Guardia Nacional, el CONAS y la DGCIM. Hizo hincapié en la actuación de organizaciones parapoliciales, a las que considera de «máxima responsabilidad» en este diseño represivo. Describió a estas fuerzas como grupos que actúan con «toda impunidad», y puso como ejemplo el reciente asalto al Colegio Nacional de Periodistas, donde individuos encapuchados y armados destruyeron una pancarta de denuncia, que exigía la liberación de los comunicadores y trabajadores de la prensa detenidos.
Cómplices en el sistema de justicia
El ponente criticó la actuación de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, a quienes acusó de ser «cómplices de la represión y la vulneración, violación grave de los derechos humanos en Venezuela». Afirmó que los fiscales no evalúan las acusaciones, sino que «comienzan a ser parte de la siembra de delito».
De igual forma, cuestionó el papel de los defensores públicos, señalando que, en el contexto de presos políticos, su defensa es ineficaz y son «cómplices de la pudrición del sistema de justicia».
Finalmente, Molina se refirió a los jueces, a quienes en su mayoría consideró «indignos» por carecer de «carácter e independencia» y por no impartir justicia. Concluyó que los procesados por razones políticas son «víctimas de toda la articulación envilecida del sistema de justicia». Aunque reconoció que un preso político no siempre es inocente de acusaciones penales, insistió en que tienen derecho a un juicio transparente, defensa de confianza, visitas familiares y alimentación adecuada.
