«No tenemos ningún inconveniente en poder sentarnos y explicar los casos tanto a las personas que están representando al gobierno nacional en la mesa de negociación, como a personas que están representando a la oposición», explicó la directora de la organización Justicia Venezolana
Son 180 presos políticos militares los que reporta la organización Justicia Venezolana al día de hoy. Pero sube a 250 si se cuentan todos los procesados, explica la abogada Lilia Camejo, directora de la organización Justicia Venezolana. «Es un registro bastante alto. En Venezuela nunca se había visto una persecución tan grande y con tantas detenciones de oficiales institucionales», afirma.
Durante tres o cuatro años «muchos estuvieron privados de libertad en la Dirección de Contrainteligencia Militar, en el Sebin; pero a raíz de una resolución fueron trasladados de estos recintos, que no guardan la mínima condición de reclusión, a cárceles comunes como El Rodeo y Yare. Otros fueron llevados a Ramo Verde, Santa Ana y La Pica». Aunque «se ve con buenos que se hayan descongestionado las policías políticas, falta más buena voluntad en que se otorguen medidas cautelares o se cierren estos procesos, y esto se vea como un gesto de buena voluntad por parte del gobierno nacional. Ese es el llamado que vengo haciendo en los espacios en los que he tenido oportunidad de estar: que el tema de los presos políticos militares debe ser llevado como un punto primordial a la mesa de negociación».
Justicia Venezolana ofrece su apoyo a la mesa de negociación para «asesorar y darles a conocer la irregularidad o no en los diferentes procesos». Hasta la fecha no se han reunido con ninguno de los integrantes de la mesa. «No tenemos ningún inconveniente en poder sentarnos y explicar los casos tanto a las personas que están representando al gobierno nacional en la mesa de negociación, como a personas que están representando a la oposición. No tenemos inconveniente en sentarnos con ninguno de los dos factores. Estamos dispuestos a explicar objetivamente, jurídicamente, lo que nosotros observamos dentro del monitoreo de lo que hacemos en la justicia penal militar».
El ABC del descontento
Hay malestar en la Fuerza Armada, señala. «Lo que observamos, y nos impacta, es que en la mayoría de estos procesos no hay elementos de convicción contundentes, con pruebas contundentes para poder haber llevado a estos oficiales a un proceso penal. Muchos de estos casos se generan por un simple rumor dentro de los compañeros, o por descontento por las carencias que vienen sufriendo. No es un secreto para nadie que hay carencia de medicamentos, de alimentos para poder mantener incluso sus tropas dentro de sus batallones, sus destacamentos».
A raíz de esto «se han abierto muchos procesos contra estos oficiales institucionales, y cuando vemos las actas no hay pruebas contundentes contra estos oficiales institucionales, y ahí, cuando vemos las actas, no hay unas pruebas contundentes para poder haberles imputado unos delitos tan graves como los que se les han venido imputando».
-¿Cuáles son?
-Traición a la patria, rebelión, instigación a la rebelión, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada, delitos contra el decoro militar, delitos contra la seguridad de la nación. Ese es el ABC de los delitos. Y de un tiempo para acá se han venido imputando oficiales activos y han sido presentados ante los tribunales con competencia en delitos relacionados con el terrorismo.
Camejo evalúa que el punto de los presos políticos debe estar en México porque en el país hay unos 350 presos políticos entre civiles y militares. «Dentro de la Fuerza Armada se vería con buenos ojos, el tema de los presos políticos serviría para traer una reconciliación, la paz, un gesto de buena voluntad por parte del gobierno nacional. Obviamente que debe haber un descontento, entre los compañeros de estos oficiales; muchos de ellos ocuparon los primeros lugares dentro de sus promociones» y el Estado invirtió en ellos muchos recursos.
Estos expedientes «se deben revisar» y en los casos en los que no hay pruebas, «se debe considerar si se otorgan medidas cautelares como un gesto de reconciliación». Algunos procesos «se puede cerrar, porque no hay absolutamente nada». También es posible «otorgarles medidas cautelares sustitutivas de libertad para que sigan el proceso en libertad y estén en sus casas, con sus familias».
Dispuestos a asesorar
Como abogada, advierte que la pandemia «ha aumentado el retardo procesal» que ya existía. «El año pasado, con la pandemia, cuando se paró el sistema de justicia se agravó el proceso. Pero en los tribunales de la Corte Marcial se iniciaron ya los juicios, desde finales del año pasado, y estamos en este proceso de tener las audiencias de juicio. La pandemia afecta a los jueves, afecta a los fiscales y el proceso es lento». Sin embargo, insta a depurar los expedientes «porque hay muchos militares institucionales privados de libertad injustamente».
-¿Han sido dejados de lado los presos políticos militares en los procesos de negociación?
-Yo considero que sí, y eso no está bien visto. Como Justicia Venezolana, por el conocimiento que tenemos del monitoreo de la justicia penal militar, y como defensa técnica en muchos de estos casos, siempre hemos querido hacer acercamientos cuando han venido estas mesas de negociación para que se tome en cuenta el tema de los presos políticos militares. En otras negociaciones hemos tenido acercamiento con algunos de los que han estado allí. En este momento estamos solicitando y ofreciendo nuestro conocimiento de poder explicar la realidad procesal en estos casos de presos políticos militares para que sean llevados a esta mesa de negociación.
