El Gobierno de Venezuela utiliza su sistema tecnológico de seguridad ciudadana como una herramienta de control político, según un informe de la ONG VE Sin Filtro difundido este jueves que detalla «hallazgos claves» como la intercepción de telecomunicaciones, el uso de cámaras de seguridad en la calle, aplicaciones impulsadas por el Estado, drones, ciberataques, entre otros.
«La convergencia de la videovigilancia con la intercepción de telecomunicaciones, de ciberpatrullaje con búsquedas en dispositivos, así como aplicaciones patrocinadas por el Estado y los ciberataques, crean una severa restricción del espacio cívico», ilustra la ONG, que advierte sobre la vigilancia en grupos de aplicaciones de mensajería y la inspección de teléfonos sin orden judicial por parte de autoridades en controles viales de la Policía.
El análisis abarca el período entre octubre de 2023 y enero de 2026, inmediatamente después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y documenta las capacidades técnicas de los sistemas de vigilancia, identifica a los proveedores de tecnología y mapea el despliegue geográfico.
En el informe, VE Sin Filtro señala que las tecnologías de vigilancia han costado más de mil millones de dólares y han permitido la expansión del «control autoritario» que asegura se mantiene bajo la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
La intercepción de telecomunicaciones es el componente más «intrusivo del aparato de vigilancia de Venezuela», alerta el documento que cita datos de transparencia de Telefónica España en 2021 y que asegura «reveló 1.523.363 líneas de telefonía móvil afectadas y 205.800 órdenes de intercepción». Esto, afirma la ONG, demuestra «una vigilancia a escala industrial».
Asimismo, asegura que la infraestructura de circuito cerrado de televisión se utiliza «sistemáticamente» como arma de control y que los proveedores chinos dominan la cadena de suministro de cámaras de seguridad en las calles, a pesar de las sanciones internacionales a empresas como Dahua o Hikvision.
Según el texto, la instalación de estas cámaras aumentó exponencialmente durante 2025 con la gestión del actual ministro de Interior, Diosdado Cabello, y en la actualidad hay unas 7.000 operando en el país, siendo Caracas y Trujillo (oeste), los estados con mayor cantidad de estos equipos que, agrega la investigación, tienen «reconocimiento facial avanzado y detección de matrículas».
En este sentido, la ONG observa con preocupación que estas cámaras pueden ser usadas para restringir el espacio cívico y, a manera de ejemplo, señala que «una persona que asiste a una protesta se enfrenta a múltiples riesgos simultáneos como la detección de reconocimiento facial», un elemento que ha servido para ubicar y perseguir a ciudadanos en contextos de crisis políticas que han terminado con detenciones.
