El sistema judicial de los Estados Unidos reafirmó este jueves la continuidad del proceso penal contra el depuesto mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. El juez federal Alvin Hellerstein, encargado de la causa en el Distrito Sur de Nueva York, desestimó la solicitud de la defensa que pretendía anular el caso debido a las restricciones financieras que pesan sobre los acusados.
Durante una audiencia considerada clave para el cronograma del juicio, Hellerstein fue tajante al cerrar la puerta a una posible interrupción de la acción penal por motivos administrativos o económicos.
«No voy a desestimar el caso», sentenció el magistrado, dejando claro que los cargos por narcoterrorismo, conspiración para el tráfico de drogas y otros delitos federales seguirán su curso legal.
El equipo legal de Maduro y Flores fundamentó su solicitud en la imposibilidad de costear la defensa técnica debido al bloqueo de fondos del Estado venezolano. Según los abogados, la decisión de la administración de Donald Trump de impedir que Venezuela cubra estos honorarios constituye una vulneración de las garantías constitucionales.
Un proceso histórico bajo máxima tensión
La defensa sostiene que las restricciones impuestas por el Departamento del Tesoro impiden la contratación y el mantenimiento de una representación legal de elección propia, lo que a su juicio invalidaría el proceso. Sin embargo, para el juez Hellerstein, esta disputa financiera no representa un motivo jurídico de peso suficiente para anular acusaciones de tal gravedad.
El caso contra la expareja presidencial, iniciado originalmente en 2020 y ampliado tras su captura en enero de 2026, se mantiene como el proceso judicial de mayor impacto en la relación bilateral entre Washington y Caracas. Ambos acusados permanecen detenidos en Nueva York, donde se han declarado «no culpables» de todos los cargos.
A pesar de la negativa del juez a cerrar el caso, la controversia sobre los fondos para la defensa sigue siendo el principal punto de fricción. Mientras el tribunal ordena avanzar hacia el juicio, los abogados insisten en que las políticas de sanciones de Washington afectan directamente el derecho a un debido proceso, marcando un precedente complejo sobre cómo se juzga a exjefes de Estado bajo regímenes de sanciones internacionales.
