En una rueda de prensa conjunta celebrada este lunes en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, el abogado y defensor de derechos humanos, Joel García, presentó un análisis crítico sobre el anteproyecto de Ley de Amnistía propuesto por la Asamblea Nacional. Durante el encuentro, García, acompañado por la dirigencia sindical, anunció la consignación de una propuesta alternativa que busca subsanar las omisiones técnicas y cronológicas del texto oficial.
Según el análisis de García, el documento emanado del parlamento carece de una visión integral de reconciliación. El jurista denunció que, aunque el texto menciona el periodo comprendido entre 1999 y enero de 2026, la redacción técnica reduce drásticamente el alcance real del beneficio.
«Si ustedes analizan el período que comprende el borrador que nos suministraron, dice desde 1999 hasta el 30 de enero del año 2026. 27 años. Y tú sabes cuánto cubre verdaderamente esa ley de amnistía que nos propusieron, 2 años y 2 meses», afirmó García.
El abogado calificó la propuesta parlamentaria como «burda» y señaló que parece ignorar que la persecución ha sido una «política sistematizada y generalizada» durante casi tres décadas. Según su criterio, el proyecto actual hace una selección arbitraria de beneficiarios, dejando fuera a sectores vulnerables como los ciudadanos que protestan por servicios básicos o los comunicadores sociales.
«El Gobierno tiene que reconocer las persecusiones»
Uno de los puntos centrales de la denuncia fue la omisión de los delitos relacionados con la libertad de expresión. García subrayó que el anteproyecto de la Asamblea Nacional se enfoca casi exclusivamente en «hechos violentos», lo que desprotege a quienes ejercen el periodismo.
«¿Cómo queda ese periodista que por publicar una nota de prensa está preso? Entonces están excluidos de ese proyecto de ley», cuestionó el defensor de derechos humanos.
Asimismo, destacó que la contrapropuesta presentada por el gremio incluye «taxativamente» a los efectivos militares, un sector que, a su juicio, ha sido olvidado en las discusiones previas sobre beneficios procesales y amnistías.
Lo que se propone
La metodología sugerida por García y el Sindicato de Trabajadores de la Prensa se fundamenta en criterios generales de persecución en lugar de lapsos de tiempo cerrados que puedan generar vacíos legales. El objetivo es garantizar que la amnistía se defina por la motivación política y el ejercicio de derechos fundamentales.
- Definiciones clave: El texto propuesto incluye conceptos técnicos sobre persecución política, persecución digital y motivación política.
- Reparación integral: Se hace énfasis en el cumplimiento del Artículo 30 de la Constitución, que obliga al Estado a indemnizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
- Alcance de beneficiarios: La propuesta abarca a privados de libertad, inhabilitados políticos (administrativos o judiciales), exiliados con temor fundado y personas bajo medidas cautelares.
García aclaró que, en concordancia con el Artículo 29 constitucional, la propuesta no incluye a responsables de crímenes de guerra ni de lesa humanidad. No obstante, advirtió sobre el riesgo de utilizar categorías de delitos comunes para encubrir persecuciones políticas.
«Esta ley adopta una metodología de criterios generales. Reconoce que la persecución no es un hecho aislado, sino una conducta continua y multiforme», explicó el abogado, agregando que también han incluido los llamados «delitos fabricados» o siembra de evidencias, utilizados para desplazar a ciudadanos de sus bienes o castigar su disidencia.
Finalmente, el defensor instó a la Comisión de la Asamblea Nacional a analizar este documento, asegurando que la participación activa de la sociedad civil es vital para que el instrumento legal cumpla con su objetivo de paz. «No es porque son benévolos, sino que tienen que hacerlo, pero nosotros tenemos que participar activamente de manera que quede lo mejor posible», concluyó.
