El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, utilizó el estado de emergencia decretado por la llegada de la covid-19 para intensificar su control de la población, denunció Human Rights Watch (HRW) en un informe difundido este jueves
El informe anual de HRW afirma que el Gobierno de Maduro y sus fuerzas de seguridad «son responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones por un corto periodo de tiempo, así como el encarcelamiento de opositores, procesar a civiles en tribunales militares y torturas a los presos».
«Ellos usaron el estado de emergencia puesto en marcha en respuesta a la covid-19 como pretexto para intensificar su control sobre la población. La falta de independencia judicial contribuyó a la impunidad de sus delitos. Las autoridades judiciales han participado o sido cómplices en los abusos», destaca.
Al respecto, recuerda que la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU «identificó patrones de violaciones» de los derechos humanos y delitos que eran parte de una conducta sistemática y extendida.
En este sentido, la ONG asegura que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció en noviembre pasado su decisión de abrir formalmente una investigación sobre la comisión de posibles delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
HRW también recuerda que Venezuela afronta una emergencia humanitaria severa con «millones de personas sin acceso a atención sanitaria o una nutrición adecuada».
«El acceso limitado a agua segura en los hogares, centros de atención médica y un plan de vacunación afectado por la opacidad puede haber contribuido a la difusión de la covid-19», sostiene el informe.
La organización también recuerda que la misión de observación electoral de la Unión Europea (MOE-UE) en los comicios locales y regionales del pasado 21 de noviembre reportaron que algunos opositores fueron «arbitrariamente descalificados» y un «acceso desigual a los medios de comunicación».
Además, que «la falta de independencia judicial respecto al imperio de la ley socavaron la imparcialidad y transparencia de la elección».
Entre las preocupaciones que persisten, incluye las «abyectas condiciones» en las prisiones, la impunidad para las violaciones de los derechos humanos y el acoso a los defensores de los mismos y medios independientes.
«El éxodo de venezolanos que huyen de la represión y la emergencia humanitaria representa la mayor crisis migratoria en la historia reciente de América Latina», reitera.
DETENCIONES ARBITRARIAS
En este informe anual, HRW también dice que «el Gobierno ha detenido a opositores políticos», eliminándolos de las posibles carrera para ser elegidos en elecciones.
Cita el informe de la ONG Foro Penal del pasado 25 de octubre, momento en el que reportaron que había 254 detenidos a los que calificaban como presos políticos, una cifra que actualizaron este miércoles a 243.
Asimismo, destaca que agentes de seguridad y de las fuerzas de seguridad «han torturado a varios detenidos y a sus parientes», a la vez que recuerda que el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de 2020 reportó casos de presunta tortura y malos tratos a los arrestados.
HRW también se hace eco de los abusos denunciados durante los combates que estallaron en marzo de 2021 en el estado Apure (fronterizo con Colombia) entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC.
«La operación (militar) llegó a la ejecución de, al menos, cuatro campesinos, detenciones arbitrarias y el juicio de civiles en tribunales miliares, así como la tortura de vecinos acusados de colaborar con grupos armados», subraya.
Acerca del medioambiente, afirma que la minería es el principal problema para la deforestación del Amazonas venezolano, tras la agricultura.
Menciona un estudio de la ONG SOS Orinoco que aseguró que, tras la «ilegal!» declaración de Maduro que creó en 2016 una zona especial para la minería en el norte del sureño estado Bolívar, esa área ha perdido más de 230.000 hectáreas de cobertura forestal. EFE
