En medio del proceso de aplicación de la recientemente promulgada Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, un grupo de familiares de detenidos en los estados fronterizos de Apure, Barinas y Táchira ha alzado su voz para denunciar lo que denominan el “falso positivo más grande de la frontera”.
Se trata de más de 100 personas arrestadas entre 2021 y 2022 bajo el operativo militar conocido como «Tancol» (acrónimo oficial para «Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia»), a quienes sus allegados definen como víctimas de montajes judiciales.
Los familiares sostienen que sus parientes, en su mayoría campesinos, jóvenes trabajadores e incluso indígenas, fueron «secuestrados» por organismos de seguridad bajo acusaciones de terrorismo y asociación para delinquir sin pruebas fehacientes.
Testimonios de «siembra» y desaparición forzada
Los relatos coinciden en un patrón: detenciones sin orden judicial, periodos de incomunicación y la presunta «siembra» de evidencias. Olly Ramos, hermano de Johnny Ramos, relata que su familiar fue sustraído de su casa materna en septiembre de 2021.
«Lo secuestran, lo incomunican por más de un mes y argumentan que es miembro de la guerrilla colombiana sin tener pruebas algunas (…) sembrando explosivos con un bolso que ellos mismos cargaban», denunció Ramos.
Según Ramos, el caso Tancol fue una estrategia para mostrar resultados operativos que no se obtenían contra grupos irregulares reales. «Decidieron buscar diferentes personas jóvenes, mujeres, separándolos de sus padres (…) presentarlos como supuestos terroristas ante la opinión pública para estigmatizarlos», añadió.
En una situación similar se encuentra Lina Torres, cuyo esposo, Edison José Piñero, y su cuñado, David José Piñero, fueron detenidos mientras revisaban un vehículo en Guasdualito. «Le practicaron la aprehensión sin causa justificada (…) les dijeron ‘esto es tuyo y esto es tuyo’ refiriéndose a drogas y armas que no les pertenecían», explicó Torres. Tras casi cinco años de detención sin juicio, Torres califica la situación como una violación sistemática de derechos humanos.
El drama de los menores y las torturas
Uno de los casos más críticos es el de Erwin Jesús Álvarez Izarra, quien tenía apenas 15 años al momento de su captura. Su abuela, Doris Marlene Pineda, relata que el joven fue detenido en una finca mientras trabajaba como ordeñador. «Lo torturaron», detalló Pineda entre lágrimas.
Según el testimonio de la familia, el menor fue manipulado para admitir los cargos bajo amenaza de muerte y sentenciado rápidamente a 10 años de prisión. Actualmente se encuentra en el centro de menores Ciudad Caracas, tras haber pasado días desaparecido después de su aprehensión.
Otros familiares, como Luz Gómez y Jaider Camilo Vegas, denunciaron actos de violencia física y sexual durante los arrestos. Vegas describió cómo su hermano, Branger Vegas, fue sometido a asfixia con bolsas de basura y descargas eléctricas en los testículos antes de ser trasladado al centro penitenciario Yare III.
El llamado a la Amnistía
El objetivo común de estas familias es que el Estado reconozca estas detenciones como errores judiciales o montajes políticos y que los detenidos sean incluidos en los beneficios de la Ley de Amnistía. Argumentan que sus allegados no son guerrilleros ni terroristas, sino víctimas de una política de «cuotas de captura» en zonas de conflicto fronterizo.
«Exigimos la libertad de nuestros familiares porque la mayoría han sido abusados (…) queremos que se beneficien con algún argumento de ley que permita esclarecer las violaciones al debido proceso», concluyó Lina Torres.
Los familiares, provenientes de zonas remotas como Santa Bárbara de Barinas y comunidades rurales de Apure, enfrentan graves dificultades económicas para costear los traslados a centros de reclusión como El Rodeo II, El Rodeo III e internados judiciales en Caracas, lo que ha provocado que muchos de los detenidos pasen meses sin contacto con sus seres queridos.
