En el marco de la denominada “Ruta Global”, familiares de los presos políticos y defensores de los derechos humanos elevaron su voz para exigir justicia y respeto a los derechos fundamentales de los detenidos en Venezuela. Entre ellos se encuentra Pedro Guanipa, quien este martes cumplió 222 días detenido, «en condiciones de aislamiento total, sin derecho a visitas ni llamadas, y privado de una defensa legal de confianza», relató Carol Figueredo, su esposa.
En el centro de detención de El Helicoide, junto a Guanipa, permanecen otras 14 personas en una situación similar: Rafael Ramírez, David Barroso, Enrique Márquez, Roland Carreño, Luis O’Maza, Jesús Armas, Alfredo Díaz, Freddy Superlano, Perkins Rocha, Biagio Pirieli, Américo de Gracia, Luis Paloc, Noel Álvarez y Ramón Bejarano.
Algunos llevan más de nueve meses sin contacto alguno con sus familiares, «en violación absoluta de sus derechos humanos».
Ante la falta de respuesta por parte de las instituciones nacionales, los familiares han recurrido a países aliados en busca de apoyo. En particular, la delegación ha acudido a la Embajada de México, «apelando no solo al gobierno de este país, sino también a la sensibilidad de su presidenta, en su rol de mujer y madre. México, con su tradición de respaldo a negociaciones y diálogo en Venezuela, es visto como un actor clave para la defensa de estos presos».
Los familiares y activistas han presentado una solicitud formal ante el gobierno mexicano, instándolo a activar sus mecanismos diplomáticos multilaterales, incluyendo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para interceder ante el gobierno venezolano. Las peticiones incluyen:
- Libertad plena e inmediata para todos los presos políticos.
- Autorización de visitas, permitiendo el contacto con sus familias.
- Fin del aislamiento prolongado, que genera consecuencias psicológicas irreparables.
- Acceso a servicios médicos adecuados, considerando las condiciones de salud de los detenidos.
- Ingreso sin restricciones de alimentos y medicinas por parte de los familiares.
- Designación libre de abogados de confianza.
- Cese de la persecución estatal contra familiares de los detenidos.
- Otorgamiento de salvoconductos a los perseguidos políticos de la oposición.
- Acceso de la Cruz Roja Internacional para verificar las condiciones en que se encuentran los detenidos.
Los firmantes esperan que la comunidad internacional, en especial México, atienda este llamado y actúe en defensa de los derechos humanos en Venezuela, promoviendo una solución pacífica y justa para los detenidos y sus familias.
