Un grupo de familiares de personas detenidas en el marco de los operativos contra los «TanCol» (Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos) se concentró este martes ante la sede administrativa de la Asamblea Nacional. El objetivo de la movilización fue consignar un documento ante la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía y el Programa de Paz y Convivencia Democrática, solicitando que sus allegados sean incluidos como beneficiarios de dicha ley.
Antonio González Plessmann, activista de derechos humanos y vocero del grupo, explicó que el comité tiene registrados formalmente 45 casos, aunque estiman que la cifra real de afectados podría superar los 200 debido a que muchos expedientes permanecen en la invisibilidad. Según González, las detenciones han afectado principalmente a personas de sectores populares y campesinos de zonas fronterizas como Apure, Barinas y Táchira.
Denuncias de irregularidades procesales
Durante la entrega de las peticiones, el vocero calificó los casos como «falsos positivos», argumentando que se han presentado irregularidades sistemáticas en los procesos judiciales:
- Falsificación de expedientes: Se denunció la creación de expedientes donde se agrupa a personas detenidas en distintos lugares para presentarlas como si hubieran sido capturadas en un mismo operativo en carretera.
- Tortura y abusos: González afirmó que «en más del 80% de las detenciones fueron torturadas» y mencionó casos específicos de abusos sexuales contra mujeres y la detención de un menor de 15 años que ha pasado a la adultez en prisión.
- Cargos políticos: A pesar de que la mayoría no posee militancia política, el vocero señaló que el Estado los convirtió en «presos políticos» al imputarles delitos de terrorismo y asociación para delinquir.
Los familiares manifestaron enfrentar un fenómeno de «peloteo» institucional que retrasa el avance de las causas. González detalló que, mientras los tribunales argumentan que no pueden realizar audiencias porque la Asamblea Nacional tiene los expedientes, en el Poder Legislativo aseguran no poseer dicha documentación.
«El tribunal está utilizando una excusa para ralentizar procesos. En la Asamblea por ahora ha habido buena disposición, pero no tenemos respuesta y lo que estamos exigiendo es respuesta», declaró González Pleitman.
De los casos registrados por el comité, se identificó que al menos cinco o seis personas poseen nacionalidad colombiana, mientras que entre 10 y 15 cuentan con doble nacionalidad, lo que refleja la complejidad social de la zona fronteriza donde se ejecutaron los operativos. El grupo espera que, a través de la Ley de Amnistía, se logre la libertad de quienes consideran han sido procesados injustamente bajo cargos de naturaleza política.
Denuncias de desaparición forzada y traslados
Nury Villamizar, madre de Luis Domador y Richard Domador, y representante de María Laura Rondón, relató que los tres fueron privados de libertad en San Cristóbal, estado Táchira. Según su testimonio, los detenidos estuvieron desaparecidos durante ocho días antes de ser localizados en la sede del cuerpo de seguridad conocido como «Boleíta», en Caracas.
Villamizar detalló el periplo carcelario de sus hijos: «Ellos fueron trasladados a Rodeo II, de Rodeo II fueron trasladados a Yare. Mis hijos fueron secuestrados por el DGCIM en el Hotel Dinastía en San Cristóbal, estado Táchira».
Los cargos que enfrentan, según la declarante, incluyen terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. Villamizar enfatizó que, tras cuatro años de reclusión, no han recibido respuesta a la solicitud de amnistía introducida hace dos meses, bajo el argumento institucional de que los expedientes se encuentran en «revisión de caso».
Por su parte, la hija de José Gilberto Ramírez denunció la situación de su padre y su hermano, este último detenido el 14 de enero de 2022. Relató que su hermano fue sacado de su vivienda a las 3:00 a.m. y permaneció desaparecido por dos días hasta ser ubicado en San Fernando, para luego ser trasladado al centro penitenciario Rodeo II.
La vocera señaló que su hermano decidió asumir los hechos para acelerar su salida, pero que la situación se ha extendido injustamente:
- Su hermano ya cumplió la pena impuesta tras admitir los hechos, pero continúa detenido.
- Un cuñado de la denunciante también cumple cuatro años de detención sin haber tenido siquiera su primera audiencia.
- Su padre, José Gilberto Ramírez, una persona de la tercera edad, se encuentra actualmente fuera del país tras ser señalado como «dueño de una organización», acusación que la familia califica de falsa.
«A mi papá le dijeron que era un dueño de una organización (…) tuvimos que sacarlo del país. Estoy pidiendo la libertad de mi hermano porque ya cumplió su pena y la amnistía para mi papá porque es inocente».
