Según las fuentes consultadas por Efe, fue a partir de las elecciones parlamentarias de 2015, después de que la oposición ganara por mayoría la AN, cuando el Gobierno, a través de distintas instituciones, fortaleció los obstáculos electorales
Los partidos de oposición en Venezuela han sido diezmados a través de sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE). En caso de haber elecciones hoy, ninguna de las principales agrupaciones podría presentarse. Este escenario se vive en un año en que, si la COVID-19 lo permite, habrá elecciones parlamentarias.
El politólogo y director de la firma Polity, John Magdaleno, destacó que «cada vez hay limitaciones mayores para competir seriamente. En Venezuela hay un autoritarismo hegemónico, hay crecientes restricciones para los partidos de oposición. Las elecciones no son competitivas».
Por su parte, el exrector del CNE, Vicente Díaz, explicó que, del conjunto de partidos opositores que hacen vida política en Venezuela, los que actualmente están en la Asamblea Nacional (AN), «legalmente no pueden postular candidatos».
Asimismo, Ignacio Ávalos, director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), indicó que «hubo cosas absolutamente irregulares que coincidían con el crecimiento de la fuerza de la oposición».
El hito inicial fue, según mencionó Díaz, la eliminación de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el sometimiento a fórmulas judiciales a su directiva. «Su delito fue recoger firmas», apuntó.
En julio de ese año, el ahora ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y entonces alcalde de Caracas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), pidió la anulación de la inscripción de la coalición opositora como partido político.
En 2018, una sentencia del TSJ ordenó que se excluyera a la MUD del proceso de renovación de partidos convocados. El CNE acató la decisión.
Precisamente ese proceso de renovación fue lo que, entre 2017 y 2018, llevó a la inhabilitación, por parte del CNE, de las tarjetas electorales de numerosos partidos, mediante un procedimiento consistente en la recolección de firmas y validación hecha por el ente electoral.
El abanico político cambió y dejó una mayoría de partidos simpatizantes con el chavismo. «Los únicos partidos opositores que tienen habilitada su tarjeta son Cambiemos (una división de UNT), Avanzada Progresista (del excandidato presidencial Henri Falcón) y el Movimiento al Socialismo (MAS)», explicó Vicente Díaz. Todos, con muy poca fuerza de voto.
También indicó que el TSJ ha cambiado, mediante sentencia, las juntas directivas de algunos partidos. «No es que anulan el partido, sino que se lo entregan a directivas que confronten menos con el Gobierno o abiertamente partidarias al Gobierno», dijo.
Ocurrió con la formación opositora Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), partido socialcristiano, y también con agrupaciones formadas por disidentes del chavismo, como Patria Para Todos (PPT) o Podemos.
En enero de este año, el diputado José Brito, expulsado de PJ, solicitó ante la Sala Constitucional del TSJ que se designe una nueva junta directiva en la organización.
La última medida ante el TSJ, aún pendiente de sentencia firme, fue el recurso que interpuso la Fiscalía, donde solicita al ente judicial que se declare a VP como «organización criminal».
De acuerdo con Magdaleno, «los obstáculos no se limitan a los partidos. Hay persecución contra los líderes, algunos están encarcelados, otros han tenido que irse al exilio».
Refirió los casos de Henrique Capriles, inhabilitado en 2017, quien no podrá ejercer en política durante 15 años. El líder de VP, Leopoldo López, inhabilitado y posteriormente sentenciado a cumplir 14 años de cárcel por promover protestas en 2014 que ocasionaron violencia.
