Asesores del equipo económico y político de María Corina Machado consideran que el restablecimiento de relaciones con instituciones financieras internacionales y con los organismos multilaterales será imprescindible para solventar la crisis económica del país, en caso de que el oficialismo acceda a dejar el poder.
«Se requeriría una inversión del 6% del PIB en infraestructura y servicios públicos que saldría de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial. En total, se necesitarían unos 60 o 70 mil millones de dólares como parte de un plan para cinco años», explicó Rafael de la Cruz, asesor económico y político de María Corina Machado en Estados Unidos.
Añadió que sería de mucha utilidad «la asistencia técnica y los análisis independientes» que podría proveer el FMI para conocer realmente cuál es la situación financiera del país.
Según reseñó la agencia de noticias EFE, De la Cruz indicó en un foro organizado por la Sociedad de las Américas junto a un nutrido grupo de economistas opositores y expertos en el mercado del petróleo -muchos de ellos conectados virtualmente a la cita-, también incidió en que a este presupuesto contribuirían «acuerdos bilaterales con países como Estados Unidos».
Además, tanto él como su compañero Gustavo García, también en el equipo de Machado, coincidieron en que «por el potencial de Venezuela, conseguirían un rebote inicial de gran impacto» si contaran con el apoyo del sector privado internacional.
«No es una cuestión ideológica sino pragmática. Simplemente, lo necesitamos (al sector privado) para esta transformación», expresó De la Cruz mientras trataba de desgranar cuáles son las soluciones macroeconómicas que manejan.
Revocar o renegociar acuerdos con petroleras como Chevron
Asimismo, los economistas aprovecharon la oportunidad para esbozar la necesidad de renegociar o revocar acuerdos con petroleras estadounidenses, como Chevron, que operan en Venezuela bajo licencias emitidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
«Revocaríamos o renegociaríamos esas licencias porque en las condiciones actuales no benefician a la mayoría del pueblo venezolano», dijo De la Cruz para añadir que existe «una discusión» dentro del Congreso de EE.UU. actualmente para decidir si invalidar estos permisos y ampliar las sanciones petroleras.
El gobierno estadounidense ya impuso restricciones en abril que prohibían a petroleras estadounidenses hacer negocios en Venezuela y a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) vender su crudo en el país norteamericano.
Esta medida, que llegaba seis meses después de que EE.UU. levantara otras sanciones por el compromiso del acuerdo entre Nicolás Maduro y la oposición para celebrar elecciones libres, fue calificada entonces por el mandatario latinoamericano como «una amenaza» con el fin de «golpear la cuenta de ingresos» de los venezolanos.
Según De la Cruz, las sanciones son «unas de las pocas razones por las que el régimen se ha sentado a negociar» y, de ampliarse ahora, también podrían servir como «mecanismo de presión» para conseguir «una transición ordenada, legítima y pacífica».
Mientras tanto, la oposición mayoritaria venezolana, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), insiste en que su abanderado, Edmundo González Urrutia, se impuso de forma abrumadora a Nicolás Maduro en los comicios celebrados el pasado 28 de julio, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE), proclamó como ganador a Maduro.
Información de EFE
