Desde el Teatro Cantaclaro, sede del Partido Comunista de Venezuela (PCV), el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), Pedro Eusse, hizo un llamado urgente a constituir un «fuerte movimiento social» que trascienda lo sindical para luchar por una amnistía laboral. Según el dirigente, la Ley de Amnistía General aprobada recientemente por la Asamblea Nacional es insuficiente, ya que «no reivindica a los trabajadores víctimas de persecución en sus puestos de trabajo».
Eusse denunció que «cientos de miles de trabajadores» han sido objeto de represión por años debido a sus posturas políticas o luchas gremiales, y actualmente no están siendo restituidos en sus derechos. En su discurso, el representante de la CUTV y del Frente Nacional de Lucha destacó que el Estado y el capital privado han actuado de forma sistemática contra la clase obrera, descabezando los liderazgos de las organizaciones sindicales.
Casos emblemáticos de vulneración de derechos
Durante su intervención, el secretario general detalló situaciones que calificó como muestras del «autoritarismo brutal» del Estado:
- Daniel Romero: Dirigente sindical detenido en junio de 2023 tras una protesta en la planta de pellas de Sidor. Aunque fue liberado recientemente, Eusse señaló que «todavía le siguen juicio y tiene medidas cautelares» que restringen su libertad y actividad sindical, tras haber sufrido «torturas y tratos crueles» en El Rodeo I.
- Ronny Álvarez: Trabajador ferroviario que permaneció 11 años en prisión «por un crimen que no cometió». Pese a contar con una sentencia absolutoria, el dirigente denunció que no ha sido restituido en su puesto ni ha recibido las reparaciones correspondientes.
- Eudis Girot: Dirigente petrolero que, tras años de prisión y condena, mantiene prohibiciones para expresarse y actuar libremente como ciudadano y trabajador.
La CUTV no solo demanda la «anulación de todos los juicios» y la extinción de procesos judiciales viciados, sino que exige que el Estado reconozca a estas personas como víctimas y proceda a otorgar indemnizaciones y reparaciones por las «vidas destruidas» y el impacto en sus familias.
Asimismo, Eusse abogó por los derechos de quienes sufrieron despidos indirectos, jubilaciones forzosas o renuncias bajo coacción policial en entes como PDVSA, Corpoelec, Cantv y las empresas básicas de Guayana. En el sector privado, mencionó el caso de 10,000 trabajadores de Empresas Polar con órdenes de reenganche que no se ejecutan debido al «poder que ejerce el capital privado» o las «élites de la burocracia corrompida».
Finalmente, el dirigente instó a los trabajadores activos, jubilados y pensionados a unirse por encima de cualquier diferencia para conformar una fuerza capaz de «transformar radicalmente a Venezuela». Para Eusse, este movimiento es vital no solo para recuperar beneficios laborales, sino para restablecer las libertades democráticas que han sido desmanteladas por el ejercicio del poder político y económico.
