El Centro Carter publicó su informe final sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, destacando serias deficiencias en el proceso electoral que llevaron a la conclusión de que no se cumplieron los estándares internacionales de integridad.
La organización, invitada por el propio Consejo Nacional Electoral (CNE), aseguró que no pudo verificar ni corroborar la autenticidad de los resultados anunciados, lo cual constituye una grave violación de los principios electorales.
En su análisis, el Centro Carter recomendó una revisión transparente e independiente de los resultados para respetar la voluntad de los ciudadanos venezolanos. La entidad sugirió que cualquier modificación significativa al marco legal electoral debería realizarse con suficiente antelación y consenso político para asegurar certidumbre jurídica y permitir ajustes operativos adecuados. Además, propuso la derogación o reforma de leyes que restringen indebidamente la libertad de expresión y asociación.
Sobre la administración electoral, el informe instó a reconsiderar los procedimientos de nombramiento del CNE para garantizar mayor apoyo y confianza entre las partes interesadas, asegurando su independencia y profesionalismo. También subrayó la necesidad de publicar toda la información relevante de manera oportuna y sistemática para aumentar la transparencia y la confianza en el proceso.
En cuanto a la educación y registro de votantes, el Centro Carter recomendó mejorar la eficacia de las campañas educativas y abordar el subregistro de electores, asegurando que las listas de votantes se publiquen a tiempo y sean accesibles. Propuso también facilitar el registro de votantes migrantes sin restricciones innecesarias, promoviendo una mayor participación ciudadana.
Finalmente, el documento aborda aspectos críticos como la observación electoral, el uso de los medios de comunicación y las tecnologías electorales. Sugirió eliminar restricciones a la observación ciudadana independiente, fortalecer la regulación del financiamiento político y asegurar que las auditorías preelectorales y postelectorales de las máquinas de votación sean transparentes y accesibles para todas las partes interesadas. El informe concluye con un fuerte llamado a la publicación completa y oportuna de los resultados electorales por mesa de votación para garantizar la integridad del proceso.
