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viernes, 29 marzo, 2024
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Carlos Correa: La persecución gubernamental a periodistas y medios se está desplazando a los escritores y gente de a pie

Texto: Vanessa Davies. Foto: Rafael Briceño-Archivo Contrapunto

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No es legal que los cuerpos de seguridad del Estado tomen mensajes de los grupos de Whatsapp para perseguir, subraya el periodista y director de Espacio Público. “Para nosotros el mero hecho de que se abra un proceso judicial es un castigo anticipado. En Venezuela muchas veces colocan medidas cautelares, prohibición de declarar a los medios”.
La organización registra, en promedio, un caso al día de criminalización de la expresión

La Semana Santa de 2021 llegó en Venezuela con la noticia de la detención de la escritora Milagros Mata Gil, por un texto sobre un matrimonio celebrado en Anzoátegui, al cual habría asistido un alto funcionario de la administración de Maduro. El mes de junio se estrenó con el encarcelamiento del escritor Rafael Rattia, por escribir sobre el exministro de Educación, Aristóbulo Istúriz. Son hechos que indican que “empezó a criminalizarse más la expresión”, explica Carlos Correa, profesor e investigador y director de Espacio Público.

Entre 2016 y 2017 “empezaron muchos procesos judiciales por expresarse, pero el año pasado surgió esa tendencia de manera muy fuerte” y arreció la persecución a escritores y a usuarios de redes sociales, comenta Correa en entrevista con contrapunto.com.

La organización registra, en promedio, un caso al día de criminalización de la expresión. En mayo pasado “sumamos 23 casos y 36 violaciones”, puntualiza. “Cada día tenemos uno o dos casos y se suman entre dos o tres violaciones, porque cada caso no es uno solo. Este es un promedio elevado. El gobierno de Maduro tiene un promedio muy alto, en comparación con el gobierno de Chávez”.

“Tomando en cuenta que cada vez hay menos medios y menos periodistas trabajando profesionalmente, el ecosistema en Venezuela está muy debilitado y registramos más casos en nuevos actores: escritores, gente de a pie, personas que denuncian unilateralmente”, manifiesta.

Antes se conseguían periódicos en los quioscos, hoy no es posible. “¿Cómo te estás informando? Por las plataformas o portales informativos que surgieron hace cinco o seis años la gran mayoría, y cada vez hay más iniciativas de ese tipo. Tienes muchísima gente que está afuera” y envía información. “Estás utilizando Whatsapp para informarte, redes sociales. Cuando le preguntan a la gente cuál es su principal fuente de información, responde que Whatsapp. ¿Qué circula en Whatsapp? Mucho de lo que circula en los portales. También cada vez más la gente está utilizando las redes para informar: En mi casa no hay agua, no llega la luz. Los periodistas también utilizan eso para acercarse a fuentes de información”.

La conclusión de Correa es que la situación que había con los medios de comunicación “se está desplazando a otros sectores de la sociedad, y ahí se está viendo la persecución gubernamental”.

Whatsapp violado

El año pasado “comenzó a usarse con mucha fuerza la denominada ley contra el odio, que para nosotros no se ajusta a la Constitución. Fue aprobada por la asamblea nacional constituyente, que no tenía entre sus atribuciones hacer leyes, construir el aspecto normativo”, señala. Es una norma que no duda en calificar como “vaga, imprecisa, con delitos que no son claros”. Por ejemplo, “por expresarte te pueden castigar con 20 años de pena privativa de libertad”. Una expresión de odio puede ser castigada con 20 años, mientras un acto de odio –como un asesinato- se castiga con menos.

Tal como lo recuerda el docente el estándar global es “que no se criminalice la opinión por la importancia que tiene en la sociedad que podamos debatir, por ser una herramienta poderosa para que sea una mejor democracia, para que se corrijan los problemas”. Cuando se usa la ley penal en estos casos “estás tratando de generar el efecto silenciamiento, ‘lo que le pasó a él, yo me callo’, y puede ser que lo que te estás callando es mucho más importante que lo que la otra persona expuso”.

La persecución criminal, analiza, es “una restricción que pareciera que procura que se instale el miedo, que tengamos miedo de decir lo que pensamos, denunciar un acto de corrupción, que nos atemoricemos”. Ya no solo “se está persiguiendo a periodistas”; también se hostiga a gente que denuncia lo que sucede con la gasolina, a enfermeras por reportar lo que sucede en su sector.

Una característica de este momento, describe, es “que se amplió el número de personas que se está persiguiendo; no solo se persigue lo que se expresa en medios tradicionales, sino en redes privadas como Whatsapp, que es un servicio de mensajería; o en redes sociales como Facebook y Twitter”. Whatsapp, insiste, es un servicio de comunicación privada, en el cual el Estado no debería interferir. En Venezuela se usa para la circulación de mucha información, y allí se mete el Estado para perseguir.

Este fue el caso de Mata Gil. “Ella escribió un artículo en Facebook, que es una red social, y después lo distribuyó a un grupo de Whatsapp en el que participa. Por eso es que la criminalizan a ella y al administrador del grupo”, subraya. Por eso “hablamos de un aumento de la persecución criminal y un aumento de las esferas; ya no es solo la esfera pública, sino la privada. ¿Podrían perseguirme por un mensaje que yo intercambie con un tercero? Lo que está pasando es que sí, especialmente con grupos”. Cuando a una persona la detienen le quitan el celular, le revisan sus contactos. Esto se ha convertido en una práctica por parte de cuerpos de seguridad del Estado.

Mejor que sobre

Delicados equilibrios transitan entre el derecho a la expresión y el derecho al honor y a la intimidad. “Lo que dice el estándar es ‘no criminalices, no detengas a la persona, no la penalices’. ¿Cómo se resuelve? Con réplica, rectificación. Si dije una barbaridad, algo inexacto, lo corrijo en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Ese es el estándar del derecho a réplica”. Y si hay una sanción por un daño al otro “se procura que haya una proporcionalidad entre el daño” y la reparación del daño, y no la privación de la libertad.

Es preferible, reafirma, “que haya más debate sobre el tema; en este momento debería haber más debate sobre el fondo de los artículos, más que sobre un proceso de persecución penal. Yo lo que digo es ‘debatamos por qué tienes esa posición racista, estoy en desacuerdo contigo, que alguien conteste ese artículo, que otro diga que es inaceptable’ pero no pensar que hay que detener a la persona, porque ahogas el debate. Este es uno de los elementos fundamentales para que la gente pueda tomar su posición”.

Carlos Correa habla del caso del diario El Nacional, al cual lo someten a una sanción “por divulgar una noticia que se conoció en Estados Unidos”. En EEUU “se estaba investigando a Diosdado Cabello; la noticia era esa. Diosdado Cabello es una figura pública en Venezuela y es importante que la sociedad venezolana sepa que lo están investigando en otro lugar; que él pueda defenderse, que sepamos si es una injusticia que se está cometiendo, o no, pero no que haya una sanción que genere inhibición sobre un determinado tema. ¿Qué ocurre ahorita? ¿La sanción es desproporcionada? Claro que sí, porque acaba con el medio, no permite que haya debate”.

La penalización solo consigue que el debate “se llene de miedo, que no es lo más conveniente”, argumenta. “Por supuesto, la libertad de expresión tiene límites, tiene que ejercerse con responsabilidad, pero tiene que haber libertad” y crítica y debate. “Yo prefiero que los racistas se expresen y cuestionar ese racismo, a que se callen y practiquen un racismo mucho más violento en la esfera privada”. Ante un artículo como que difundió Rafael Rattia sobre Aristóbulo Istúriz –que podría ser interpretado como racista- lo lógico sería que se publicara, y que la familia actuara si así lo considerara, mas sin encarcelar al autor, reflexiona Correa.

El país necesita debatir temas como el aborto y la eutanasia, en los cuales “todas las voces deben expresarse sin que sientan que van a ser censuradas o castigadas”, expone. “En Venezuela puede haber expresiones en la vida cotidiana que son racistas y no se debaten porque no las hablamos” y porque no se atienden con educación. “Si callas las voces, los debates se ahogan”.

-¿Se está ahogando el debate público?

-Claro. Hay debates que se ahogan. Corrupción alrededor de las estaciones de gasolina. ¿Dónde se debate eso? El tema de la vacunación, cómo se está organizando la vacunación. El tema de la corrupción. Son distintos temas que se pueden ahogar porque “me pueden meter 20 años preso por decir esto, o pueden poner una multa de millones de dólares a un medio de comunicación”. Hay la necesidad de un debate vigoroso, y además es sano para el sistema político. Aquí ha habido casos de corrupción muy graves, de personas que han estado en el gobierno y que ahora señalan como corruptos, pero en su momento no se podía decir nada. No, tiene que haber voces disonantes, y tenemos que estar dispuestos a que las voces que nos disgustan se puedan escuchar.

-Cabello tenía derecho a la defensa y a decir lo que quisiera decir de sí mismo.

-Totalmente. Yo creo que es así. Un periodista tiene la responsabilidad de reflejar fielmente lo que dice una persona, y la responsabilidad del periodista no es de la persona que habla. Si entrevistas a una persona que dice tres o cuatro barbaridades, esas barbaridades son mi responsabilidad. Tú tienes la responsabilidad de preguntarme, de que yo pueda decir. Sería perseguible que en Colombia se entrevistara a frentes guerrilleros y salieran en un periódico. Son personas que están al margen de la ley, pero tienen que ser escuchadas. Por supuesto que la tarea del periodista no es hacerle propaganda; tiene la tarea de preguntarle y hacerle entrevista. La responsabilidad es de la fuente En el caso de Cabello se abrió esa investigación. Creo que lo que nosotros tenemos que saber es por qué se abrió, qué razones hay, si no hay razones, y que Diosdado Cabello se pueda defender. Y no silenciar determinadas cosas. El Nacional lo que hizo fue replicar fielmente un artículo. ¿La responsabilidad es de El Nacional? No. La responsabilidad es de la fuente anterior.

-¿Es legal que los cuerpos de seguridad del Estado tomen mensajes de grupos de Whatsapp?

-No es legal. Es como la inviolabilidad del hogar. Eso significa que tiene que haber una orden de allanamiento, un juez que dice que hay razones para que eso se haga. ¿Cómo se obtienen esos mensajes de Whatsapp? Detienen a una persona, le quitan el teléfono, ven los grupos de Whatsapp, le vacían toda la información y con eso la criminalizan. Ahí se está violentando el debido proceso, el derecho a la privacidad. Tú no puedes abrir mi celular. Puedes tener fotografías íntimas, las fotos de tu familia, de tus hijos, de tus novios, de tus novias, que tienen que ver con la esfera personal, y eso no puede ser para judicializar. Es una prueba mal obtenida.

-Por la vía de los hechos se está usando.

-Pero eso no significa que esté bien. Está mal. Hay algunas empresas de teléfonos que tienen sistemas de encriptados. En EEUU hubo demandas para que facilitara el código de encriptación, y ellos se negaron, porque eso afectaría parte del servicio que ellos ofrecen, y es que los mensajes están guardados, encriptados. Aquí se hace un abuso. Otra cosa que ocurre, muy vergonzosa, es que te roban el celular. Te lo quitan, ven tus mensajes y no te lo devuelven. Lo sé por los casos que hemos acompañados: se llevan cosas y no las devuelven nunca. Quitan teléfonos, computadoras.

Espacio Público ha acompañado a tuiteros encarcelados. “Se ha empezado a perseguir a personas que usan Twitter” por los mensajes que difunden. “El año pasado hubo más de 30 detenciones, buena parte son de personas que usaban Twitter”. La ONG ha apoyado al tuitero Pedro Jaimes, encarcelado por divulgar la ruta del avión presidencial. “Estuvo detenido cerca de dos años por una información que es pública. Fue torturado, le negaron el derecho a la defensa”.

A los tuiteros los “están persiguiendo con más frecuencia porque es una herramienta que usa mucha gente, pero desde el año pasado se ha observado un aumento de los casos por Whatsapp”, advierte, y reitera: “Son ilegales porque no fue un juez el que ordenó que se interviniera un teléfono,  que se hiciera el seguimiento al teléfono, sino que se hace unilateralmente”.  

“Para nosotros el mero hecho de que se abra un proceso judicial es un castigo anticipado. En Venezuela muchas veces colocan medidas cautelares, prohibición de declarar a los medios, que no escribas, que no digas nada; incluso, que no puedes hablar de tu caso, no puedes referirte a tu caso”, critica.

No obstante, Correa propone algunas acciones al mismo Estado. Que funcionarios hagan “dos o tres declaraciones en contra de cualquier acto de violencia contra periodistas o medios de comunicación, eso reduciría los incidentes”. También los funcionarios deben entender “que la crítica es parte de la gestión”, y que de haber más libertad se podrían atajar más actos de corrupción. Pero “cuando la crítica implica un costo para quien la hace, y quien reprime o castiga no tiene ningún costo, tienes un ambiente en el que expresarse es costoso. La sociedad venezolana lo sigue haciendo a pesar de alto costo que tiene, incluso personal”, mas “es fundamental tener un ambiente menos agresivo y menos violentos contra quien se expresa”. Esto pasa por derogar la ley del odio, por revisar la ley de responsabilidad social. Hay exhortos de Conatel, que son “dispositivos de censura que generan que de determinados temas no se habla”.

Para el poder “siempre es incómodo el periodismo, quien dice lo que está bien o mal; es como una piedrita en el zapato, y hay que acostumbrarse a eso porque es una extraordinaria herramienta para mejorar la gestión pública y para que muchos de los problemas se puedan resolver de mejor manera”. En Venezuela “hay violencia física cuando se hace cobertura, y violencia institucional. Hay que desarmarlas todas”.

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