La administración Maduro aplaude reconocimiento de la CPI, pero alerta sobre manipulación política
La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) resolvió el pasado 4 de mayo sobre Venezuela que «no existen víctimas de crímenes de lesa humanidad, pues dichos crímenes nunca han ocurrido en el territorio nacional». Así se lee en comunicado emitido por la Cancillería venezolana este lunes 8 de mayo.
«Venezuela celebra la decisión», señala el comunicado y que a su vez afirma que «esa ha sido la posición de sus instituciones desde un inicio», se lee en el texto diplomático. la comunicación agrega «que el informe de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas de la Corte Penal Internacional sólo recoge las opiniones de víctimas potenciales». Agrega que esto determina expresamente que «hasta el momento no existe ninguna víctima reconocida como tal por la Corte Penal Internacional«.
No obstante, la cancillería señala que el Ejecutivo denuncia que las denominadas «víctimas potenciales» y especialmente algunas de las organizaciones que las representan, podrían estar «siendo instrumentalizadas para convertir a la Corte Penal Internacional en un arma política contra la institucionalidad democrática de Venezuela«.
El pasado 28 de febrero de 2023, Venezuela presentó ante la CPI un escrito con el cual denuncia que la denuncia de organizaciones opositoras es de naturaleza política. Por ende, desmiente «todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad, que nunca han ocurrido«, refiere otro comunicado.
En su escrito, Venezuela aportó abundante información que comprobaría «el carácter político del proceso iniciado en la CPI en 2018. Esto como parte de la estrategia de cambio de régimen impulsada por el Gobierno de los Estados Unidos de América. Asimismo, demostró que el Sistema de Justicia venezolano se encuentra activado permanentemente para garantizar la justicia a través del ejercicio de su jurisdicción».
Se destacó por ejemplo el caso de un ciudadano venezolano presentado por la Fiscalía de la CPI como una «victima» de «tortura» y «persecución». Pero que al ser entrevistado por las autoridades nacionales competentes negó expresamente que sufrió vulneraciones a su derecho a la integridad personal. Además, a este ciudadano la Asamblea Nacional le designó en 2019 para ejercer una alta responsabilidad de Estado en uno de los poderes públicos nacionales.
