Sin derecho a huelga, sin posibilidad de discutir contratos colectivos, con el salario destruido y bonos en lugar de sueldo. Varias organizaciones de trabajadores ofrecen su diagnóstico de la situación laboral venezolana
El diagnóstico que hacen del presente no es alentador: desregulación del trabajo, políticas económicas que califican de neoliberales, sueldos de hambre, momentos dramáticos, pandemia, conflictos laborales. Sin embargo, envían un mensaje de esperanza a los trabajadores venezolanos. El Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, el Colectivo de Trabajadores de Barrio Adentro, el Sindicato de Trabajadores del Inces, el Sindicato de Trabajadores de Fogade y la corriente clasista de trabajadores de la Cantv hizo un balance del año 2021 en el cual abundan las críticas al gobierno de Nicolás Maduro.
Pedro Eusse, coordinador del Frente, sostiene que la pandemia “se ha convertido en una excusa de los patronos para desmejorar las condiciones de trabajadores y trabajadoras, y avanzar hacia niveles excesivos de concentración del capital y desmontar las relaciones laborales con derechos”. Es una realidad en el mundo, y es una realidad en Venezuela, dictaminó.
En Venezuela “no hay estado de derecho para las trabajadoras y los trabajadores”, sentenció, pero “sí hay estado de derecho para los patronos, privados y públicos, que imponen condiciones arbitrarias; hay estado de derecho para las mafias y para la corrupción, pero no para proteger los intereses de los trabajadores”.
Basta ver lo que sucede con salarios y pensiones, y que Eusse no duda en calificar como “la destrucción del salario” y “la situación dramática de los jubilados y pensionados en Venezuela, que son la población más indefensa”. Las prestaciones sociales “han sido pulverizadas en Venezuela”, y desde 2018 “se desencadenó una política para reducir los salarios a su mínima expresión; esto, con las reconversiones monetarias, significó la desaparición de las prestaciones”.
Por si fuera poco persiste “el desmontaje de las convenciones colectivas, situación que comenzó en 2018 con el memorando 2792, del entonces ministro Eduardo Piñate, que ha continuado”. El dirigente agrega las suspensiones de trabajadores, despidos, desigualdad salarial, aplicación fraudulenta de la ley del trabajo “para proteger a los patronos y para permitir acciones desmesuradas”, tercerización a gran escala “para reducir costos y continuar procesos productivos produciendo la separación de sus puestos de trabajo de miles de trabajadores”. Otra práctica: la bonificación de los ingresos de trabajadores, firma de actas convenios por parte “de una cúpula sindical patronal que, a espaldas de los trabajadores, se transa con la patronal”.
Todo esto ha ocurrido, como lo recuerda, en “un contexto de hiperinflación dolarizada, que no ocurre simplemente por las llamadas ‘leyes del mercado’, sino por la impunidad que hay frente a la especulación, y un ambiente social y económico favorable a los especuladores y a toda la actividad comercial realizada en función de enriquecerse rápidamente y acumular divisas a costa del sacrificio de la mayoría”.
Las organizaciones refieren que discusiones de contratos colectivos como el del Inces no avanzan, y que, aunque el sindicato presentó un proyecto de convención, “sin ninguna justificación legal el patrono se niega a sentarse a discutir” y no hay Ministerio del Trabajo que obligue a la discusión. Cuentan, igualmente, que la cúpula de la federación de trabajadores petroleros acordó con el patrón “una fraudulenta supuesta convención colectiva que no fue discutida ni elaborada con participación de los trabajadores”; esta convención bonificó los ingresos “sin incidencia salarial” y dejó a los trabajadores sin protección en materia de salud. En cuanto al sector privado, reportaron “miles de despidos ilegales” en Empresas Polar, “y a pesar de que ha habido órdenes de reenganche por parte de la Inspectoría y de los tribunales, este patrono no acata y no hay ningún tipo de acción del Estado venezolano”.
Hay, por otra parte, trabajadores presos, “procesados judicialmente de forma indebida, violentándose sus derechos, con violación al debido proceso, detenciones injustificadas”, y esto ocurre “porque les conviene a determinados patronos, a determinados altos funcionarios corruptos”. Eusse nombra específicamente a Eudis Girot, Aryenis Torrealba, Alfredo Chirinos, Rodney Álvarez, Guillermo González, entre otros. “En vez de investigarse la corrupción denunciada por Girot, lo han convertido en una especie de criminal por luchar por los intereses de los trabajadores”, condenó. González denunció presuntos hechos de corrupción y terminó judicializado. Álvarez lleva años preso, ahora el poder judicial ordena suspender el juicio, pero –como se pregunta Eusse- ¿quién le devuelve el tiempo perdido?
A un dirigente sindical, Aldemaro Sanoja, le impidieron aspirar a la gobernación de Barinas en las elecciones del próximo 9 de enero, aunque ya fue candidato en los comicios del 21 de noviembre, denunciaron los trabajadores. “Ahora, cuando se repiten las elecciones, es inhabilitado, sin ninguna explicación. Una inhabilitación absolutamente ilegal, extemporánea, que pone en evidencia la manipulación del proceso electoral en el estado Barinas”.
“Prácticamente el derecho a huelga está conculcado en Venezuela. Es prácticamente imposible ejercer el derecho a huelga legal en Venezuela, porque la ley orgánica del trabajo estableció una norma con relación al conflicto que prácticamente es imposible cumplir”, describe Eusse. “Sobre todo, con un gobierno como el actual, absolutamente neoliberal, porque la política económica del gobierno venezolano es neoliberal e impone flexibilización y desregulación laboral, así como máxima ganancia para los capitalistas y exclusión de los derechos de los trabajadores”.
El gobierno “controla todos los poderes públicos, por lo que hay una garantía de impunidad en favor de las clases dominantes”, reprocha. “Cuando ha habido intento de conflictos, de huelgas, no le asignan carácter legal. Los pliegos conflictivos deben ser introducidos por sindicatos que tengan su junta directiva electa, legitimada; los inspectores del trabajo tienen la potestad de admitir o no los pliegos, y no admiten los pliegos con carácter conflictivo”. Hay organizaciones sindicales que no han podido hacer elecciones “porque les trancan los procedimientos para hacerlas”, y en consecuencia no pueden introducir pliegos, no pueden asumir la discusión de convenciones colectivas ni iniciar huelgas. “Están los trabajadores en total indefensión”.
Las organizaciones de trabajadores exigieron “medidas de libertad inmediatas” para los trabajadores presos. También, que se restituya la habilitación electoral de Aldemaro Sanoja en Barinas.
Plantean “una respuesta unitaria del movimiento de los trabajadores, pero apuntando bien: actuando con independencia y autonomía”, porque “no somos favorables a poner el movimiento sindical al servicio de ninguna parcialidad política, al servicio de patronos, al servicio de grupos de interés económicos nacionales o extranjeros”.
A los trabajadores los llamaron a renovar la esperanza “con la lucha de la clase obrera, con independencia y autonomía frente al Estado y frente a los patronos”. Eusse llamó “a resistir, pero la resistencia debe ser colectiva, organizada, porque hay que impedir que se salgan con la suya”.
