“Esta es una sentencia para callarnos y no seguir protestando. Todo el que hable, a la cárcel sin juicio y sin nada”, subrayó la secretaria general de Apufat-UCV
Los sindicatos, a escala mundial, deberían rechazar la condena a 16 años de cárcel contra seis trabajadores porque va a sentar un peligroso precedente, ya que se podrían aplicar medidas similares en otros países, alerta Argelia Castillo, secretaria general de Apufat-UCV. “Se puede tomar como una referencia. Este es un problema nacional e internacional. Por eso los organismos nacionales están haciendo su llamado, también”.
Castillo afirma que la sentencia no tiene precedentes en la historia contemporánea del país. A su juicio, “es un llamado de atención para todos los sindicalistas y todo aquel que quiera protestar en defensa de los derechos humanos”, porque aunque la Constitución señala que cualquier ciudadano puede “defender sus derechos y protestar”, el dictamen de la jueza Grendy Duque “lo que quiere es callarnos, que si protestamos, podemos ir a la cárcel”.
En el juicio, reitera, “no se comprobó que son culpables, y si no se comprobó es que no lo son y deben estar libres”.
-¿Es una sentencia política?
-Es una sentencia política. Es un llamado a la gente para que no proteste, un llamado a tener miedo y un llamado al control de los sindicalistas que estamos en la calle en defensa de los trabajadores. Recientemente se registró la violación de varios niños y la sentencia fue de tres años y de casa por cárcel; en el caso de los trabajadores están poniendo 16 años. La justicia en Venezuela es ciega, sorda y muda, lamentablemente, y hay que seguirlo denunciado a escala nacional e internacional.
-¿Puede ser el primer paso para qué?
-Esta es una sentencia para callarnos y no seguir protestando. Todo el que hable, a la cárcel sin juicio y sin nada. Estoy segura de que los sindicalistas vamos a seguir en la calle, y uniéndonos con la sociedad. Estos son derechos. No estamos pidiendo dádivas. Ellos protestaban por salario, HCM, para derogar el instructivo de la Onapre. Estas son las cosas que no pueden ser. Debe existir un cambio de políticas en el gobierno, o debe haber un cambio de gobierno.
La dirigente acudió el pasado viernes a la sede del Ministerio Público en Carabobo, con integrantes de la Central ASI (de la cual forma parte), para solicitar la anulación de la sentencia. “Vamos a seguir en la calle, vamos a seguir con acciones nacionales e internacionales con sindicatos, federaciones y todo ciudadano que quiera sumarse”.
Como el dictamen no ha sido publicado “existe posibilidad de anularlo”, comentó.
Le preocupa el impacto sobre los núcleos familiares de los seis presos. “Son seis familias de trabajadores que tienen niños menores de edad, que tienen problemas emocionales porque sus padres están en la cárcel. Una niña no quiere comer y está deprimida. Es un impacto de la sentencia. Quisiera que las instituciones que resguardan a niños, niñas y adolescentes también se hagan presentes”, demandó.
También teme por la situación económica. “Ellos son trabajadores. La pregunta que nos hacemos es ¿quién mantiene a estas familias por 16 años?. Es lo económico, lo emocional, que influye en esta sentencia”.
