Dos meses después de culminar la “Ruta por la Justicia y la Libertad”, los familiares de presos políticos venezolanos volvieron este lunes a las puertas del Ministerio Público para exigir respuestas a las reiteradas denuncias de violaciones de derechos humanos.
Andreina Baduel, vocera de los familiares y hermana del preso político Josnars Baduel, denunció que no solo no han recibido respuestas, sino que las agresiones aumentaron.
«Estamos por décima vez en el Ministerio Público denunciando que no hemos recibido respuestas oportunas y que, por el contrario, la arremetida ha incrementado en contra de los presos políticos y de sus familias», afirmó Baduel.
La hija del exministro Raúl Baduel recordó que, durante la ruta finalizada hace dos meses, visitaron cinco instituciones del Estado y documentaron las sistemáticas violaciones que sufren los detenidos y sus allegados.
Además, resaltó la incongruencia de las autoridades venezolanas, que exigen el respeto a los derechos humanos de los migrantes presos en El Salvador, mientras en el país continúan violando los derechos fundamentales de quienes piensan distinto.
«Estamos de acuerdo en que se respeten los derechos de los migrantes, pero aquí en Venezuela también se violan derechos: debido proceso, integridad física, aislamiento prolongado, desapariciones forzadas, entre otros», expresó con firmeza.
La activista denunció además el grave deterioro en la situación de su hermano Josnars Baduel, recluido en El Rodeo I, de quien no tiene noticias desde hace tres meses.
«La única certeza que tengo es que su vida se está consumiendo día a día. Está sometido a aislamiento prolongado y condiciones inhumanas de reclusión que lo están matando lentamente», señaló.
Baduel relató que en la reciente audiencia de apelación realizada de forma telemática, su abogada pudo observar que tenía un brazo inmovilizado, «evidencia de que ha sido torturado, mientras sigue sin recibir atención médica adecuada».
La vocera también denunció que, tras una vigilia pacífica realizada el pasado 13 de abril frente al Rodeo I, las autoridades suspendieron arbitrariamente las visitas a cuatro familias como represalia, criminalizando incluso los actos de oración. «Ahora en Venezuela, orar se ha convertido en un delito», lamentó.
Finalmente, Andreina Baduel reiteró que los familiares de los presos políticos no callarán ante las injusticias. «Seguiremos denunciando y evidenciando que el Estado venezolano no responde a nuestras denuncias. No vamos a dejar solos a nuestros presos políticos», concluyó.
