El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, reclamó una «pronta y efectiva investigación» de al menos 28 asesinatos en las protestas organizadas en Venezuela tras las elecciones presidenciales de julio y que continúe la puesta en libertad de los detenidos de forma arbitraria en esa crisis.
«Ello incluye los casos de defensores de derechos humanos (detenidos arbitrariamente) como Rocío San Miguel y Javier Tarazona, así como trabajadores humanitarios», indicó Türk este viernes en una actualización sobre la situación en Venezuela presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Türk indicó que las autoridades venezolanas confirmaron la detención de unas 2.000 personas en el contexto de las protestas postelectorales, de las que alrededor de un centenar han sido puestas en libertad de forma condicionada.
«Les animo a revisar los casos de los aún detenidos, en línea con las garantías de debido proceso», aseguró.
«Me preocupa que muchos de los detenidos lo han sido de forma arbitraria, incluyendo adolescentes y jóvenes, miembros de la oposición, defensores de derechos humanos, periodistas, abogados» o personas que simplemente se encontraban en el mismo lugar donde se desarrollaban las protestas, subrayó Türk.
El responsable de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos expresó además su preocupación por el uso en Venezuela de legislación antiterrorista contra manifestantes, así como las denuncias de posibles desapariciones forzadas y maltrato.
«Urjo a las autoridades a cumplir sus obligaciones para garantizar que las condiciones de detención cumplan las leyes internacionales. Deben proveer adecuados alimentos, agua y atención médica a los detenidos, muchos de ellos encarcelados en celdas hacinadas y con necesidad urgente de cuidado sanitario», aseguró.
Türk indicó por otro lado que defensores de derechos humanos, líderes sindicales, responsables de prensa, miembros de la oposición y otros actores sociales son víctimas de amenazas y acoso.
«Muchos de ellos han abandonado Venezuela, por lo que animo a los Estados de la región a garantizar su protección y a adoptar una actitud flexible en lo tocante a documentos de identidad expirados», señaló.
El alto comisionado también denunció el cese de operaciones de varias ONG ante distintas presiones que han incluido detenciones, vigilancia y cancelación de pasaportes, lo que en sus palabras «contribuye a un clima de miedo y tensión social que impide a las organizaciones de la sociedad civil cumplir su importante labor».
En este sentido, agregó, legislaciones restrictivas como la Ley Simón Bolívar o la destinada a regular las ONG «corren el riesgo de infringir gravemente las libertades de expresión, reunión, asociación y participación política».
«Visité Venezuela hace casi dos años, siento que la población del país ha vivido tiempos muy difíciles, y veo que su sociedad debe sanar, superar las divisiones y la polarización, e iniciar un diálogo inclusivo», aseguró el alto comisionado austríaco.
Türk reiteró que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela ha reanudado parcialmente sus actividades en las últimas semanas, después de que en febrero éstas fueran suspendidas por orden de las autoridades, y está haciendo todos los esfuerzos de su parte para que el retorno sea completo.
«Mi oficina puede jugar un importante papel a la hora de tender puentes entre las instituciones estatales y el pueblo de Venezuela«, subrayó.
