En la AN no ha avanzado la ley aprobatoria para el mecanismo de Asistencia Financiera y Técnica ante la emergencia humanitaria del sector eléctrico. “El PIB va a crecer solo en la medida en que la electricidad lo permita”, advierte Jorge Botti, expresidente de Fedecámaras.
Más de 40 mil apagones y fallas eléctricas registradas en lo que va de 2019 convierten el Zulia no en un estado, sino en un calvario. Esta cuenta la lleva Aixa López, presidenta del Comité de Afectados por los Apagones. Según López, Zulia es el estado más vulnerado por la inestabilidad del servicio, seguido por la zona andina (Mérida, Táchira y Trujillo). Es justamente para atender esta contingencia que se planteó en la Asamblea Nacional (AN), una ley aprobatoria para el mecanismo de Asistencia Financiera y Técnica ante la emergencia humanitaria del sector eléctrico.
El pasado 2 de diciembre, el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Nueva Esparta, Oscar Ronderos, confirmó que el Programa de Naciones Unidas y Desarrollo (PNUD), y la Corporación Andina de Fomento (CAF) otorgarían un crédito de 350 millones de dólares destinado a solventar la crisis eléctrica.
Pero el manejo de los recursos, así como lo que implica para cada sector político, ha paralizado el proyecto. De entrada, los fondos serían administrados por Naciones Unidas, y este es uno de los elementos a favor que alegan los defensores del plan.
El Diputado zuliano Enrique Márquez, ha defendido este plan. “Está ha sido una ley construida por la humanización política”, aseveró Márquez el martes 10 de diciembre. “Esta es una ley que se ha construido por muchos expertos, y que busca e intenta ubicarse en la humanización de la política. No estamos contentos porque en el Zulia, los niños mueren en los hospitales por la falta del servicio eléctrico”, subrayó.
Las divergencias sobre el proyecto no han permitido al Parlamento avanzar en su aprobación. “Entendemos que puede haber diferencias, pero cuando se trata de la gente no puede haber diferencias entre nosotros, se trata de la calidad de vida de los venezolanos”, afirmó.
Para Edison Arciniega, director de Ciudadanía en Acción, ese mecanismo es necesario no solo por el bienestar de la población, sino para que los estados del occidente del país “puedan volver a contribuir con su aparato primario, con su aparato agroindustrial a la alimentación de los venezolanos”.
Arciniega –en conversación con periodistas en el contexto del foro La gente primero, organizado por el periodista y activista Jesús Torrealba- aseguró que la mejor garantía de que ese dinero no se irá en corruptelas es el sistema de Naciones Unidas. “Los venezolanos tenemos razones para dudar, pero también tenemos razones confiar en algunos actores”.
Resolver la electricidad es fundamental para reordenar el país, sostuvo Jorge Botti, ex presidente de Fedecámaras. “Esa es una piedra de tranca” para comenzar la recuperación del país. “El PIB va a crecer solo en la medida en que la electricidad lo permita”.
Botti, es partidario de acuerdos parciales entre oficialismo y oposición: “Serían señales muy interesantes, por ejemplo, con este tema eléctrico, de que sí se puede llegar a acuerdos”.
Podría haber programas similares “con medicinas, ayuda humanitaria de otro tipo”. El temor a la corrupción quedaría en segundo plano, a su juicio, por el hecho de que los fondos queden en manos de Naciones Unidas.
