La CPI abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores
La oposición venezolana liderada por Juan Guaidó dijo este martes que el Gobierno de Nicolás Maduro está buscando «dilatar» el comienzo de la investigación formal de la Corte Penal Internacional (CPI) en su contra por los supuestos delitos de lesa humanidad que se le atribuyen.
«Queremos alertar a la comunidad internacional sobre una operación de la dictadura de Nicolás Maduro para dilatar el inicio de una investigación formal por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra cientos de venezolanos, mediante la simulación de una reforma del sistema justicia», dijo la oposición en un comunicado.
El texto difundido por el opositor Julio Borges, representante de de Guaidó en el exterior, señaló que la «maniobra» del Gobierno se debe a los informes de la «Fiscalía de la CPI y de la Misión de Determinación de Hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que subrayaron la inexistencia de un Poder Judicial Independiente capaz de investigar las violaciones contra los ciudadanos».
Por ello, asegura la oposición, el Gobierno «está simulando una especie de reforma del sistema de justicia nacional».
Recuerda que, actualmente, en Venezuela se están «enmendado leyes», desarrollando investigaciones que «simulan» ser independientes «y ha procesado a funcionarios de bajo nivel dentro de la cadena de mando».
«Debemos alertar con firmeza que ninguno de estos procesos va a la yugular del problema de DDHH (…). Un ejemplo palpable de que no se han hecho esfuerzos reales de cambio, es que la semana pasada murió en custodia de la dictadura el general Raúl Isaías Baduel, quien fuera en vida víctima de torturas, aislamiento, detención arbitraria, negación de la justicia», agregó.
Baduel, quien fue ministro de Defensa del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), murió en prisión, según la Fiscalía, por un paro cardiorrespiratorio debido a la covid-19, pero su familia y abogados rechazan esta teoría, y en el texto difundido hoy por la oposición se señala que las circunstancias de muerte son «dudosas».
De esta manera, la oposición insiste en que «no debe confundirse ni reconocer avances del régimen» por las «decisiones» que está tomando, debido a que -consideran- «son un maquillaje de una grave situación de DDHH que empeora cada día».
«La comunidad internacional debe presionar para que se desarrollen investigaciones independientes, se liberen a todos los presos políticos y, especialmente, se avance en el proceso de la CPI», culminó.
La CPI abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.
La exfiscal de la CPI Fatou Bensouda dijo el pasado 15 de junio, antes de dejar su cargo, que existe «una base razonable» para creer que en Venezuela se cometieron «crímenes de la competencia de la Corte al menos desde el 2017».
Con información de EFE
