En una jornada de protesta frente a la sede del Ministerio para el Servicio Penitenciario, familiares de detenidos en el Fuerte Guaicaipuro exigieron el cese de presuntas torturas y mejoras inmediatas en las condiciones de reclusión. La movilización acompañó a una comisión que ingresó a la institución para consignar reclamos ante las autoridades de dicha cartera.
Mayra Morales, hermana de Ricardo Fonseca, uno de los detenidos en el centro militar, actuó como vocera del grupo y denunció un grave estado de desnutrición entre los privados de libertad. Morales cuestionó públicamente la gestión de los centros de reclusión, señalando que los detenidos presentan signos alarmantes de abandono físico.
“Vean la foto de mi hermano, cómo lo conseguimos el 12 de febrero. Todos están así. Ahorita los familiares de los 13 que sacaron de Ramo Verde están en las mismas condiciones”, afirmó Morales.
Asimismo, la vocera detalló que la falta de higiene y salud es evidente, reportando que a varios de los detenidos «se les están cayendo los dientes» y que no cuentan con acceso a revisiones médicas por parte de organismos internacionales.
Durante su declaración, Morales desmintió versiones oficiales sobre el estado de salud de su familiar. Identificó directamente al funcionario Wilman Orozco, a quien acusó de suministrar información falsa sobre el bienestar de Ricardo Fonseca antes de la visita de febrero.
- Según Morales, Orozco le aseguró que su hermano «estaba gordo» y que recibía proteínas y medicinas dentro del fuerte.
- La vocera calificó estas afirmaciones como falsas tras contrastarlas con el estado real del detenido.
- Además, manifestó su sospecha sobre el uso de sustancias desconocidas: «Mi hermano tiene signos de que los están inyectando. ¿Los están drogando?», cuestionó.
La protesta culminó con una exigencia colectiva por la libertad de todos los considerados presos políticos y el cierre definitivo de las instalaciones del Fuerte Guaicaipuro, a las cuales los manifestantes se refirieron como «centros de tortura». Los familiares insistieron en que el Ministerio debe responder por los seis años de detención que cumplen algunos de los ciudadanos recluidos en dicho lugar.
