La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), pidió este viernes a la comunidad internacional «sumar esfuerzos» para lograr una «pronta solución» para los cinco opositores asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, quienes denuncian el «asedio policial» desde noviembre de 2024.
A través de un comunicado, el Comando ConVzla reiteró su llamado para que se otorguen «a la brevedad» salvoconductos y que los refugiados puedan salir de Venezuela.
Los asilados en la Embajada de Argentina son Magalli Meda, Claudia Macero, Omar González, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos, todos colaboradores de la líder opositora María Corina Machado y acusados por la Fiscalía de los presuntos delitos de conspiración y traición a la patria.
Hasta el pasado 19 de diciembre permanecía también asilado el exministro Fernando Martínez Mottola, quien era asesor de la PUD, y, según la Fiscalía, se presentó «voluntariamente» en la sede principal de la institución en Caracas, para declarar sobre «graves hechos violentos, conspirativos y desestabilizadores organizados» desde la residencia «tras la celebración de las elecciones presidenciales» de julio.
La coalición denunció que «cada día se agravan las condiciones» de los asilados, quienes -según el bloque- permanecen desde hace 83 días sin servicio eléctrico, luego de que la empresa estatal de electricidad -detalla la comunicación- se llevara los fusibles de la residencia.
«Estas cinco personas hoy dependen de un generador eléctrico habilitado para casos de emergencia, y cuyo uso racionan para poder garantizar la mínima conectividad necesaria, en vista de la reiterada negativa del restablecimiento del servicio eléctrico», afirmó la PUD.
A esto se suma, prosiguió la alianza antichavista, «restricciones de acceso de servicios y productos esenciales», entres los que mencionó «agua, medicamentos y alimentos».
El ingreso de estos productos -añadió- «depende de las arbitrarias órdenes de los cuerpos represivos del régimen, cuyos efectivos, además, tienen sitiado el recinto diplomático desde el pasado 23 de noviembre».
La PUD indicó que, en las últimas dos semanas, se ha negado de «manera continua» el ingreso de camiones cisternas que surten de agua potable la residencia, que ya «no cuenta con agua».
Por otra parte, el bloque denunció un «permanente amedrentamiento» a «cualquier persona» que lleva «algún producto o alimento a la embajada».
«No conformes con no autorizar el ingreso, los retienen hasta por dos horas para luego devolverlos, no sin antes amenazarles. Esto dificulta con creces la disposición y factibilidad de suministro de insumos, ante el riesgo que implica para quien se atreve a acercarse», señaló.
Ante esta situación, la alianza afirmó que han enviado comunicaciones privadas a «diversos miembros del cuerpo diplomático acreditado» en Venezuela, pero -admitió- «no ha habido éxito».
«Hoy, reiteramos la invitación a estos diplomáticos para que se compruebe el estado en el que se encuentran los asilados, desmintiendo las versiones del régimen con las que pretenden minimizar la situación que, bajo sus propias órdenes, han creado», insistió la PUD.
