Familiares de personas detenidas por motivos políticos en Venezuela se pronunciaron este miércoles para denunciar lo que califican como un manejo irregular de las expectativas de libertad, tras cumplirse más de 40 días desde los anuncios oficiales de excarcelaciones que, según afirman, no se han concretado en su totalidad.
Margaret Baduel, hija del general Raúl Isaías Baduel, fallecido bajo custodia del Estado, y hermana de Josnars Adolfo Baduel, quien suma cinco años y nueve meses en prisión, encabezó las declaraciones frente a la sede de las Naciones Unidas.
Durante la jornada, los familiares manifestaron su rechazo a la propuesta de ley que se discute en el ámbito legislativo, argumentando que el instrumento jurídico no contempla la reparación integral de quienes han sido afectados por la persecución política.
«Esta ley de amnistía que pretenden aprobar excluye a muchísimos y solo nos sigue revictimizando. Solo sigue denotando que en Venezuela se siguen violando los derechos humanos y que aún existen presos políticos», señaló Baduel.
La vocera subrayó que cualquier proceso que busque la reconciliación nacional debe incluir necesariamente a todas las víctimas sin excepciones.
La prolongación de la espera a las afueras de los centros de reclusión ha sido descrita por los afectados como una extensión del castigo hacia el núcleo familiar. Los testimonios coinciden en que el incumplimiento de los plazos anunciados por las autoridades ha generado un desgaste emocional profundo.
- Balance de detenciones: Los familiares sostienen que existen más de 1,000 personas tras las rejas por razones políticas.
- Denuncia de demora: Se reportan más de 40 días de vigilia continua sin que se materialicen las boletas de excarcelación esperadas.
- Llamado internacional: Solicitan el acompañamiento de organismos extranjeros para visibilizar la situación de los centros de detención.
«Juegan con la libertad, con la esperanza de todos los familiares. Son 40 días que se han traducido en una tortura psicológica para todos», sentenció Baduel, quien además exigió el cese de la impunidad y del «juego con el dolor» de los parientes.
Los manifestantes ratificaron su decisión de mantenerse en las adyacencias de las instituciones internacionales y centros penitenciarios hasta obtener una respuesta definitiva sobre el estatus de sus familiares.
