El periodista y activista de derechos humanos Carlos Julio Rojas denunció este lunes el rechazo formal de su solicitud de amnistía por parte de las autoridades judiciales venezolanas. Durante una rueda de prensa celebrada en la sede del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Rojas calificó la medida como un reflejo de la persecución sistemática contra la prensa libre y los defensores de causas sociales en el país.
Acompañado por dirigentes sindicales, representantes de ONGs y otros ex presos políticos, el comunicador informó que, tras semanas de gestiones ante organismos internacionales y tribunales, el juez José Antonio García, del Tribunal Primero en Competencia de Terrorismo, le comunicó la negativa el pasado viernes.
Inexistencia de argumentos jurídicos
Rojas sostuvo que la decisión carece de fundamento legal y representa una violación al propio instrumento jurídico creado por el Estado. Según el activista, la resolución de su caso, fechada el 10 de marzo pero notificada recientemente, evidencia un patrón de exclusión deliberada.
«No hay ningún argumento para negar la amnistía, simplemente decir que se está aplicando una selectividad perversa. No hay un patrón jurídico, ellos mismos están pisoteando la ley de amnistía que promulgaron», afirmó Rojas.
El periodista, quien ha estado detenido en cinco oportunidades y cumplió casi dos años de reclusión en El Helicoide, reiteró que los cargos presentados en su contra forman parte de un montaje basado en testimonios falsos y chats forjados, motivado exclusivamente por su labor de denuncia sobre fallas en servicios públicos y la actuación de grupos civiles armados.
La «Espada de Damocles» sobre el periodismo
La situación de Rojas no es aislada. Durante su intervención, destacó que al menos quince trabajadores de la prensa enfrentan escenarios similares, lo que calificó como una «espada de Damocles» que condiciona el ejercicio profesional y la vida cotidiana de quienes mantienen regímenes de presentación.
- Impacto laboral: La imposibilidad de obtener libertad plena dificulta la contratación en medios de comunicación.
- Acoso preventivo: El activista denunció que tras su salida de prisión recibió advertencias para guardar silencio.
- Limitación de derechos: Señaló que a varios colegas no se les han devuelto sus equipos de trabajo (teléfonos y computadoras) incautados durante las detenciones.
«Para un periodista, para un defensor de derechos humanos, tener una mordaza es una forma de tortura», sentenció, subrayando que el miedo a nuevas detenciones es una realidad constante al momento de publicar información en redes sociales o realizar coberturas de calle.
El ex preso político dirigió un llamado directo a la Comisión de Seguimiento de la Asamblea Nacional y a figuras como el fiscal Larry Devoe y la profesora Egleé González Lobato. Rojas instó a estos funcionarios a que se reúnan con los afectados y sus familiares para evitar que sean «los verdugos» quienes evalúen los casos.
Finalmente, el activista agradeció el respaldo del CNP y de organizaciones como Provea y Redes Ayuda, asegurando que la lucha por la libertad plena de los periodistas es una conquista gremial que debe continuar frente a la hegemonía comunicacional. «No van a lograr callar a los periodistas ni a los defensores de derechos humanos», concluyó.
