Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia la muerte de dos presos comunes en cárcel de El Rodeo

La ONG señaló que las muertes serán informadas al relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edgar Stuardo Ralón; a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y a la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, con el fin de que se "activen los mecanismos internacionales correspondientes"

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La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este lunes la muerte de los presos comunes Deivi Enrique García y Ovidio José Madriz Mendoza, quienes se encontraban en un complejo penitenciario de varios edificios conocido como El Rodeo, en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas).

A través de X, la organización detalló que la muerte de García es «atribuida a un paro respiratorio» y se encontraba en El Rodeo IV, uno de los cuatro edificios que integran el complejo penitenciario y un «centro de reclusión del que hasta ahora no existían registros públicos».

Sobre Madriz, indicó que la causa de su muerte fue «igualmente por un paro respiratorio», pero en El Rodeo III.

«Dos muertes en un mismo complejo penitenciario, en menos de 24 horas, no pueden entenderse como hechos aislados sino como parte de un patrón sistemático de abandono», sentenció.

El OVP afirmó que El Rodeo IV se suma a un «sistema penitenciario marcado por el hacinamiento extremo, donde los presos sobreviven en condiciones insalubres, sin acceso regular a agua potable ni alimentación adecuada, con atención médica inexistente o tardía, y expuestos a enfermedades que se propagan sin control».

A esto, prosiguió, se suman denuncias constantes de «maltrato, negligencia, castigos arbitrarios, violaciones al debido proceso y severas restricciones al contacto con sus familiares, lo que profundiza el abandono y la vulnerabilidad dentro de los centros de reclusión».

Por tanto, la organización manifestó que el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez debe reparar a la víctimas, mientras que la Fiscalía y Defensoría del Pueblo «están obligados» a «investigar, proteger y garantizar derechos, no a convertirse en espectadores del deterioro del sistema penitenciario».

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