La Secretaría Femenina Nacional de Un Nuevo Tiempo (UNT) anunció el inicio de un mes de consulta pública para redactar y proponer un artículo específico que proteja los derechos de las mujeres presas políticas y de las mujeres familiares de presos políticos en Venezuela, como parte del anteproyecto de Ley Orgánica para la Igualdad de las Mujeres.
Para las mujeres en centros de reclusión, la iniciativa plantea garantías concretas de trato digno: respeto irrestricto a su dignidad humana, prohibición de requisas intrusivas, desnudamientos forzados y cualquier práctica degradante en el ingreso o durante la permanencia en penales.
Marianella Anzola, secretaria femenina nacional del partido, explicó que la iniciativa busca abordar de manera integral la vulnerabilidad extrema que enfrentan estas mujeres en un contexto de persecución política prolongada. “Proponemos un artículo que contemple tres ejes fundamentales: la erradicación de la estigmatización y la violencia institucional, la protección efectiva de la salud mental con apoyo psicosocial especializado, y la garantía plena de derechos humanos básicos que hoy se violan de forma sistemática”, detalló Anzola.
La propuesta incluye la prohibición expresa de cualquier forma de hostigamiento, seguimiento o persecución estatal contra las mujeres directamente afectadas o contra sus familiares por el vínculo afectivo con personas detenidas por motivos políticos. Se demanda la creación de programas estatales de atención psicológica para tratar el trauma derivado de la represión, dirigidos tanto a las víctimas como a sus entornos cercanos.
Otro eje central es el reconocimiento del derecho a organizarse libremente en asambleas, comités de derechos humanos y otras formas asociativas, sin temor a represalias ni a la criminalización de su labor defensora. Se exige también el acceso inmediato, veraz y sin dilaciones a información esencial: lugar de reclusión, estado de salud y situación jurídica del detenido, prohibiéndose tajantemente la ocultación de datos como herramienta de presión política.
La consulta pública abre la puerta a la participación de organizaciones de mujeres, defensoras de derechos humanos, familiares directamente impactados y la ciudadanía en general, con el fin de enriquecer el texto antes de su presentación ante la comisión especial correspondiente.
