Los agentes llevaron a cabo una operación en cuatro fases hasta diciembre de 2024 y descubrieron un total de seis pisos en los que se estaría ejerciendo la prostitución y dos viviendas en las que residían los principales investigados
La policía española detuvo a once personas y liberó a una decena de mujeres latinoamericanas en dos operaciones policiales llevadas a cabo en España en las que se desarticularon otras tantas redes de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral.
En las islas españolas de Canarias se detuvo a nueve personas y se liberó a seis víctimas de trata, mientras que en otro operativo en Murcia (sureste de España) se detuvo a dos personas y se liberaron varias mujeres.
Seis de los detenidos en Canarias están en prisión preventiva, indica un comunicado que explica que la organización desarticulada se dedicaba a la explotación sexual, prostitución coactiva, tráfico de drogas y otros delitos conexos.
La investigación comenzó a finales de febrero de 2024, cuando recibió información acerca de la posible trata de una joven de nacionalidad venezolana en un piso de Santa Cruz de Tenerife (Canarias).
Los investigadores descubrieron una organización que captaba mujeres jóvenes en Venezuela y las trasladaba a Canarias para explotarlas sexualmente tras contraer una deuda aproximada de 6.000 euros, y comprobaron que, al menos, otras cuatro mujeres estaban en las mismas circunstancias en otras viviendas de las islas.
Los agentes llevaron a cabo una operación en cuatro fases hasta diciembre de 2024 y descubrieron un total de seis pisos en los que se estaría ejerciendo la prostitución y dos viviendas en las que residían los principales investigados.
En otra operación policial en Murcia, un hombre español y una mujer venezolana, de 44 y 47 años respectivamente, fueron detenidos acusados de captar a mujeres en especial situación de vulnerabilidad y obligarlas a ejercer la prostitución.
Según informó la policía, la investigación comenzó en septiembre del 2021 tras la denuncia de dos mujeres en la que detallaban que una pareja se dedicaba a la trata de mujeres de origen latino con fines de explotación sexual y laboral aprovechándose de la situación precaria de las víctimas en sus países de origen.
Las obligaban a prostituirse las 24 horas del día y consumir sustancias estupefacientes, principalmente cocaína, para tenerlas bajo control, que ellas también debían suministrar a los puteros.
La captación de dichas mujeres se realizaba desde España, donde les ofrecían trabajo de camareras en un supuesto restaurante que la pareja regentaba.
Una vez que las víctimas aceptaban el trabajo, llegaban a España y se percataban del engaño sufrido, los dos detenidos les aseguraban que habían contraído una deuda con la organización de hasta 3.000 euros que debían hacer frente y las obligaban a prostituirse en un piso de su propiedad. Las víctimas no habían denunciado antes los hechos por miedo a las represalias.
En el caso de que las víctimas no quisieran responsabilizarse la supuesta deuda contraída, las amenazaban con denunciar su situación irregular en España.
Los agentes de la policía localizaron la vivienda y detuvieron a los dos responsables de la organización criminal.
