Desde 2015 no se hacen regulaciones en el control de precios de los cánones de arrendamiento. La principal problemática de la Ley de Regularización y Control de Arrendamiento de Viviendas es su no aplicación
El Movimiento de Inquilinos entregó un documento en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para reforzar la Ley de Regularización y Control de Arrendamiento de Viviendas.
En este sentido, Rigel Sergent, vocero del Movimiento de Inquilinos, manifestó: “algunos de nuestros planteamientos son que el 1% de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) sea para reubicar a las personas desalojadas, y la creación de un Sistema Nacional de Arrendamiento Público y Social, tal como lo hacen algunos países europeos”.
El vocero informó que en 2016 se instalaron mesas de trabajo, en las que participaron el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, organizaciones sociales y privadas para crear los protocolos de actuación de desalojo arbitrario, pero aún están a la espera de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se pronuncie sobre esto.
Sergent indicó que no existe un fondo de protección al arrendatario ni al propietario y dijo que la GMVV avanza en construcción y rehabilitación de viviendas pero le falta fortalecer al sector de arrendamiento: “Queremos garantizar la tenencia de la vivienda, no adueñarnos de las viviendas sino que nos den la garantía de poder vivir tranquilos pero con la seguridad de que no haya un desalojo arbitrario”.
Respecto a los logros del Movimiento de Inquilinos, Sergent calificó como “una gran victoria la reforma de la Ley de Control y Arrendamiento de Viviendas. Esta Ley la redactamos en cientos de mesas de trabajo, a pesar de que la principal problemática de esta Ley es su no aplicación, tal vez por falta de autoridad”.
El vocero informó que en Caracas existen aproximadamente 25 mil familias que viven en edificios construidos hace más de 60 años, y pertenecen a los que ellos llaman “los amos del valle”, arrendatarios de grandes apellidos. Hay en Caracas cerca de 2 mil edificios bajo esta modalidad, explicó Sergent.
Por otra parte, Sergent detalló que desde 2015 no se hacen regulaciones en el control de precios de los cánones de arrendamiento, los cuales deben estar acordes con el ingreso mensual del venezolano, lo que ha generado que el libre mercado cobre en dólares.
Detalló el vocero que, el último acuerdo con la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda (Sunavi) fue que el alquiler no superara 30% del salario mínimo, pero eso no se ha logrado.
Asimismo, Maglene Sierraalta, vocera del Movimiento de Inquilinos, expresó: “exigimos el respeto a nuestros derechos como arrendatarios. La mayor sanción que tiene la Ley de Regularización y Control de Arrendamiento de Viviendas es hacia el inquilino, y es la sentencia de desalojo, pero queremos que sean desalojos humanizados y estamos esperando que el TSJ nos de respuesta”.
Sierraalta acotó que “nosotros hacemos el mantenimiento a los edificios y además pagamos el arrendamiento. La gobernanza de este país tiene que dejar de ser blandengue, no podemos permitir que se sigan cobrando alquileres en dólares como está ocurriendo actualmente en algunos lugares”.
Igualmente, Raquel Bravo, vocera del Movimiento de Inquilinos, refirió “queremos una ley feminista, que proteja a la mujer. Con el sueldo mínimo o comemos o pagamos el alquiler, no nos alcanza para las dos cosas, y es porque existe una inflación inducida por un sistema capitalista que nos quiere arrinconar”.
