Los delitos que se les atribuyen son conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir
El Ministerio Público (MP) abrió una investigación penal contra militares en retiro y civiles implicados en el supuesto intento de golpe de Estado que se tenía previsto para el 23 y 24 de junio contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, según lo denunció este miércoles el vicepresidente sectorial para Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez.
Entre los investigados se encuentran: Eduardo José Báez, Antonio Rivero, Ángel Ortíz, Ramón Antonio Lozada, Manuel Christopher, Raúl Isaías Baduel, Carlos David Guillén, Rafael Huizi Clavier, Miguel Castillo Cedeño, Pedro Caraballo, Rafael Acosta Arévalo, así como José Gregorio Valladares, Clíver Alcalá y Josenars Baduel.
Informó, Tarek William Saab, que fue designado el Fiscal 38 nacional para investigar a estas personas a quienes se les precalificaron los delitos de terrorismo, conspiración, homicidio frustrado, traición a la patria y asociación para delinquir.
Enfatizó Saab que a estos sectores no les gusta el debate político, «quieren bañar de sangre el país, socavar la estabilidad democrática y sembrar el caos».
Por otra parte, el Fiscal General dio a conocer los logros de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz y mencionó los beneficios otorgados a 193 personas privadas de libertad, a quienes se les concedieron medidas sustitutivas propuesta por esta instancia en diciembre de 2017, junio y octubre 2018.
Otorgó medidas de atención integral a 107 personas, que son familiares de 50 fallecidos en el marco de los hechos ocurridos en 2017.
Asimismo, señaló que otras 210 víctimas directas e indirectas recibieron orientación y acompañamiento jurídico; se realizó una revisión exhaustiva de los expedientes de 184 fallecidos en 2017, que reposan en el MP y en las oficias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Aseguró que se desarrollaron 13 investigaciones temáticas especiales para conocer los factores que han generado los hechos de violencia política y para eso se entrevistó a 715 víctimas directas e indirectas.
También destacan violencia contra la mujer, hechos de violencia política ocurridos durante los años 2013, 2014 y 2017; así como el golpe de Estado 2002 y el paro petrolero.
De las investigaciones se destacan el uso de niños y adolescentes en los hechos de violencia política, crímenes de odio y ataques a bienes destinados a la garantía de los derechos humanos.
En total, la comisión ha atendido y entrevistado a más de mil personas.
La Comisión de la Verdad solicitó a la Asamblea Nacional Constituyente la reforma de la ley constitucional para el funcionamiento de la referida instancia con el objetivo de ampliar el período de estudio e investigación de la comisión hasta los hechos violentos de enero y febrero de 2019; los intentos de golpe de Estado del pasado 30 de abril y el que se reveló recientemente previsto para junio de este año.
