Los abogados de 30 de los 238 venezolanos deportados a El Salvador por el Gobierno de Estados Unidos y encarcelados en este país sin cargos, pidieron este lunes a la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, que verifique la situación en la que se encuentran estas personas que están en una cárcel de máxima seguridad.
Los abogados salvadoreños Jaime Ortega y Salvador Ríos, quienes niegan que sus representados pertenezcan a la pandilla trasnacional Tren de Aragua, presentaron un escrito en el que además solicitaron el acompañamiento de Caballero, titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
“Venimos a pedir la garantía de sus derechos humanos que consideramos nosotros que han sido violentado por el sistema imperante en El Salvador”, dijo Ríos a periodistas.
Por su parte, Ortega indicó que el documento fue acompañado de certificaciones de que al menos 27 de sus 30 representados no poseen antecedentes penales que los relacionen con la referida pandilla.
Este abogado indicó que esta acción también es en seguimiento al recurso de habeas corpus presentado la semana pasada ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el que pidieron la liberación de los ciudadanos venezolanos encarcelados por el Gobierno de Nayib Bukele porque, según dijeron, no poseen condenas ni orden de captura en El Salvador.
Sobre las acusaciones del presidente de EEUU, Donald Trump, de que este grupo de venezolanos son parte del Tren de Aragua, Ortega criticó que el mandatario estadounidense no presenta pruebas.
“Es una persona que manifiesta los hechos pero no demuestra con una prueba de que estos señores o estos ciudadanos venezolanos sean en realidad terroristas o sean delincuentes”, apuntó el letrado.
Manifestó que “no podemos generalizar de que todos sean delincuentes o sean criminales. Ese es el problema más grave, que los Estados Unidos solo manifiesta de palabra, pero no ha traído ni una tan sola sentencia”.
