La ONG denunció que tiene conocimiento sobre tres casos de personas que fueron llevadas a centros clandestinos, dos de estos casos fueron ejecutados por civiles armados que llevaron a los detenidos a espacios gestionados por ellos mismos

Asegura el abogado y activista de derechos humanos Marino Alvarado que los centros clandestinos de detención en Venezuela no son una novedad. Pero al parecer en los últimos años han regresado con una particularidad: Ahora son operados por colectivos paramilitares, como los define Alvarado, a diferencia de los que existían en los años 60, 70 y 80, durante la lucha antiguerrillera en el país, cuando eran gestionados por los cuerpos de seguridad del Estado.

El tema de estos lugares no oficiales resurgió el pasado abril cuando la organización defensora de los derechos humanos Provea, denunció que tiene conocimiento de al menos tres casos de personas que fueron detenidas y luego llevadas a estos lugares; dos de estos casos por miembros de colectivos paramilitares adeptos al gobierno de Nicolás Maduro y el otro por funcionarios policiales.


Según Provea, estos grupos paramilitares están siendo protegidos por un andamiaje legal creado desde el Gobierno. Como evidencia, Alvarado recuerda que en 2015 fue creado el Sistema de Protección para la Paz, adscrito al Ministerio de Interior y Justicia que “integra todos los poderes del Estado con los gobiernos comunales para la ejecución de planes de seguridad ciudadana contra cualquier amenaza interna o externa”, según el decreto 1.471 publicado en la Gaceta Oficial N 40.582.

Alvarado explica que estos sitios pueden funcionar en casas, galpones, quintas, cuevas, entre otros espacios que no cuentan con las características necesarias de un centro de reclusión policial o militar. Otro detalle, es que un detenido, por ley, solo debe permanecer 48 horas recluido en un centro oficial, pero cuando se trata de un sitio ilegal las personas pueden durar allí tiempos indeterminados.

“Conocemos de 3 casos, en los cuales personas han sido detenidas y llevadas a lugares que no son formalmente un centro de reclusión, es decir, ni son un retén policial ni son la sede principal de algún organismo policial. Quizás el más grave, son dos casos en los que las personas son detenidas por integrantes de colectivos y llevadas a lugares que son gestionados por colectivos, lugares que funcionan como centro de reclusión porque no solamente estaba una persona, sino que también había otras personas”, relata Alvarado.

El activista también sabe lo que es ser un preso político. En los años 80 lo vincularon con el grupo Bandera Roja, lo que ocasionó su aprehensión durante el gobierno del presidente Luis Herrera Campins. Posteriormente recibió un indulto presidencial.

Alvarado explica que mantener personas en centros de reclusión clandestinos incurren también en la desaparición forzada, un delito de lesa humanidad, definido así por el derecho internacional.

Otro dato, es que “la historia de los países donde más se ha practicado la desaparición forzada siempre ha estado ligada a los sitios de detención clandestinos”, de hecho, en los años 60 Venezuela tuvo la mayor cantidad de personas desaparecidas por fuerzas policiales o militares en el continente, según el activista de DDHH.

El abogado tiene conocimiento de que los colectivos paramilitares han venido ejerciendo funciones de control y orden público desde las protestas en contra del mandatario Nicolás Maduro de 2017. Como evidencia, Provea posee videos en los que aparecen miembros de colectivos deteniendo a manifestantes.

“Los colectivos han venido ingresando a la estructura represiva del Estado. Se les financia, se les entrena, se les da logística, tienen vehículos, motos y armas del Estado. Recordemos que Juan Barreto, cuando fue alcalde Metropolitano, hizo una reorganización de la policía Metropolitana y los tres primeros jefes de la policía, eran integrantes de colectivos del 23 de Enero. Uno de ellos era Alberto ‘chino’ Carías, él era parte del grupo Tupamaros por la liberación, que era una división del grupo Tupamaros del 23 de Enero”, detalla el investigador.

Otro antecedente, es que en 2009 se aprobó la Ley de contrainteligencia, que se conoció como la ‘ley sapo’, y que el propio el presidente Hugo Chávez echó para atrás. Según Alvarado, muchos en su entorno no estuvieron de acuerdo, incluso, José Vicente Rangel, básicamente porque la ley “obligaba a todo ciudadano a ser un confidente de la policía”.

“Esto demuestra que el chavismo siempre ha querido convertir al ciudadano en un colaborador de los organismos de seguridad del Estado, medida en que considera se sigue insistiendo “con la organización de civiles para que hagan labores de policías”, opina Alvarado.

Una característica más que, según Alvarado, ha quedado en evidencia es que muchos de los miembros de los grupos son funcionarios activos de los cuerpos de seguridad, como quedó en evidencia en 2014 cuando Juan Montoya, miembro de un colectivo, fue asesinado por otro colectivo de apellido Barradas quien pertenecía a la policía de Caracas y en 2018 durante la masacre de El Junquito asesinaron a Heyker Vásquez un funcionario de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) que también era colectivo del 23 de Enero.

A principios de mayo, José Miguel Domínguez Ramírez fue nombrado director del Faes, a pesar de ser señalado como jefe de los colectivos y que, además, se le relacionó con la investigación de la muerte de Bassil Da Costa durante las protestas de 2014.

Alvarado no duda que hayan centros clandestinos operados por cuerpos de seguridad del Estado, pero son mucho más graves los casos de centros clandestinos de detención operados por colectivos paramilitares.

El abogado también insiste en que a Provea llegan, cada vez más, denuncias de tortura.

Además, la organización no gubernamental Foro Penal denunció el pasado 29 de abril la aparición de un nuevo centro de reclusión conocido por policías y detenidos como el “inframundo” ubicado en zona 7, perteneciente a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleita norte, donde al parecer se practican torturas que incurren en violaciones a los derechos humanos.

También el Instituto Casla (Plataforma de estudios sociales para América Latina sobre los Derechos Humanos), con sede en Praga, emitió un comunicado alertando a la comunidad internacional de la “represión sistemática” ejercida por la gestión de Nicolás Maduro durante los primeros días de mayo.

Otra denuncia fue la creación de una Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) “paralelo” formada por unos 300 expresidiarios cuya función sería la de “reprimir bajo cualquier forma y con total impunidad, a la población civil en general y a líderes políticos en especial, para contrarrestar o evitar manifestaciones ”, explica el comunicado.

Esta estructura paralela estaría siendo comandada por el Mayor Alexander Granko Arteaga, el Capitán Germán Antonio Sánchez, el Capitán Jesús Cárdenas y la Teniente Gabriela Alas, todos bajo la supervisión del Coronel Hannover Guerrero director de la Dgcim.

Según el escrito, el Instituto CASLA obtuvo la información a través de un funcionario dentro de la Dgcim.