La jurista exhortó a la Alta Comisionada de los DDHH de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet para que aboque a evitar que se ponga en riesgo la vida de presos políticos, militares y civiles
Lilia Camejo, directora ejecutiva de la Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana, cuestionó la medida ordenada por el Ejecutivo Nacional de transferir la custodia de presos políticos militares -hoy ubicados en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)- al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, según decreto presidencial número 4.610 , contemplado en la Gaceta Oficial 42.125.
Camejo agregó que los militares detenidos por razones políticas, «además de violar que la justicia militar prevé los centros carcelarios para estos, podría suponer un enorme riesgo para la integridad física de los mismos, ante el hacinamiento en reclusorios comunes, cifra que hoy supera 171% de la capacidad instalada, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)».
Y Añadió » hemos denunciado por años las pésimas condiciones que existen tanto en la Dgcim como en el Sebin, por tratarse de centros de detención preventivos. Hoy con profunda preocupación alertamos que, pretendan trasladar a varios de los 140 militares presos políticos a sitios de reclusión donde reina la anarquía, abundan casos de enfermedades crónicas, existe desnutrición y no se garantizan los derechos humanos de los detenidos».
Sobre los traslados
La Dgcim, adscrito al Ministerio de la Defensa, y el Sebin, agregado del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, tienen 30 días de plazo para el traslado de los privados de libertad, según señala el decreto publicado en Gaceta.
En ese sentido, la jurista indicó que «el traslado de presos políticos a cárceles comunes supone un enorme riesgo para su integridad física y mental».
Y reiteró que en Venezuela no se cumplen las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, comúnmente conocidas como Reglas Mandela.
Hizo un llamado a los organismos competentes a velar y garantizar por la vida de todos los detenidos, con extensión a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para que el equipo de su oficina se aboque «a evitar que se ponga en riesgo la vida de presos políticos, militares y civiles, so pretexto del descongestionamiento de los calabozos de las mencionadas instituciones policiales».
