«La protesta social, laboral y popular no es un delito», enfatizaron las organizaciones sindicales
La Unión Nacional de Trabajadores (Unete) y la Confederación de Sindicatos Autónomos (Codesa) demandaron el cese de los despidos en instituciones públicas, después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, por pensar diferente.
El gobierno de Nicolás Maduro no solo ha eliminado de facto los beneficios laborales, sino que además intenta desconocer «el voto mayoritario y el derecho soberano» de la población.
Las dos centrales exigieron respeto «a los derechos humanos de toda la población».