El profesor José Gregorio Afonso, presidente de la UCV, anunció que acudirán a la Defensoría del Pueblo para solicitar que proteja a los trabajadores que luchan por salario y contrataciones colectivas
La detención del dirigente magisterial Víctor Venegas, en el estado Barinas, ha sido interpretada como una señal de que se pretende impedir la protesta popular. Este viernes 19 de enero dirigentes gremiales y sindicales aseguraron que «se orquesta un plan para reprimir a quienes demanden derechos sociales».
José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv), exigió «que cese la represión contra el movimiento de los trabajadores». Igualmente pidió la liberación del profesor Venegas: «Es pública y notoria la manera arbitraria como fue detenido».
Calificó como «una provocación absolutamente innecesaria al movimiento de trabajadores» que, un día después de la detención de Venegas, el gobierno y el oficialismo hayan asegurado que hay planes conspirativos.
Afonso insistió en que las exigencias del movimiento social venezolano son muy claras: fecha clara de elecciones, cese de inhabilitaciones, apertura del Registro Electoral para los ciudadanos que han migrado, cese del hostigamiento contra trabajadores. «No puede haber ningún trabajador preso por estar demandando reivindicaciones porque vamos a seguir luchando por salario. No sé si hay magnicidio; lo que hay es un salaricidio, y si hay un plan conspirativo es contra el salario, contra las contrataciones colectivas y contra la libertad sindical».
Adelantó que acudirán a la Defensoría del Pueblo para solicitar que esta institución los apoye en sus demandas y los proteja de eventuales medidas represivas.
Ana Yánez, integrante del Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha, sostuvo que el país necesita un cambio. Maduro «habla de conspiraciones en todos lados, y creo que el único que conspira contra el pueblo venezolano es el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué conspira? Porque no hay salario, no hay salud, no hay educación, no hay servicios públicos. Son 25 años de destrucción de un país, y por ende, la destrucción de la población venezolana, de los trabajadores y su familia; de las industrias del Estado, de las instituciones del Estado».
