El secretario general de la federación petrolera defiende el derecho del personal de tener la posición política que desee: «En un proceso electoral los trabajadores opinan, y cualquier opinión es valedera»
Después de las elecciones presidenciales y de la diferencia entre los resultados oficiales y los resultados difundidor por la Plataforma Unitaria, la situación laboral en la industria petrolera venezolana se ha agravado. Lo alerta José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), quien visitó Caracas para buscar que este organismo se reúna y, más allá de las diferencias políticas, logre acordar políticas para defender a sus afiliados.
«En la industria petrolera hemos visto una situación que, indudablemente, es una violación de derechos humanos», alerta Bodas en conversación con contrapunto.com. «Trabajadoras y trabajadores llegan a las áreas y es DCI, la dirección de seguridad industrial o antigua PCP, que entrega las cartas de despido. Aparte de que están despedidos sin justificación, no es el supervisor inmediato, ni recursos humanos, sino DCI, dirigida por militares, la que dice ‘dame el carné porque estás despedido’. Eso empezó desde el lunes 29 de julio, inmediatamente después de las elecciones».
En algunos campos petroleros reside personal jubilado que, tras los comicios, ha sido conminado a abandonar las viviendas. «Es cierto que las casas son de la industria, pero no es menos cierto que los jubilados tienen 10, 15 años en esas casas, y hay escuelas y centros de votación. Cuando los resultados electorales no favorecieron al gobierno, ahora están exigiendo el desalojo inmediato sin previo aviso».
El dirigente llamó al presidente de la Futpv, Wills Rangel, dirigente del oficialismo, para que se convoque una reunión urgente «y que se atiendan estos casos». La federación «debe convocar a estos trabajadores y trabajadoras», y «más allá de cualquier parcialidad política que se tenga, debe privar el interés de los trabajadores y se debe exigir el reenganche inmediato».
Bodas calcula que al menos 60 personas han sido afectadas. «Lo más que les dicen, cuando el funcionario dialoga, es que se trata de ‘una orden desde Caracas’. No sabemos quién de Caracas. Esto ha ocurrido en el Zulia, en el oriente, en las empresas mixtas de la Faja del Orinoco. Se dice que es por facebook o por grupos de wasap en los que los trabajadores indicaron su inclinación política. Esto sucede aunque lo más normal es que, en un proceso electoral, cada quien exprese su opinión; en un proceso electoral los trabajadores opinan, y cualquier opinión es valedera».
