La institución considera que «la situación reclama un gobierno capaz de concertar los apoyos internacionales necesarios para enfrentar exitosamente la pandemia e instrumentar las medidas requeridas para sacar a Venezuela de la profunda depresión»
La pandemia agrava la vulnerabilidad de la población por su pobreza y desnutrición y una situación sanitaria y hospitalaria sumamente precaria, producto de años de desidia y corrupción, dijo en un comunicado la Academia Nacional de Ciencias Económicas (Ance) en el que considera que, además de atender la salud pública, el coronavirus exige al Estado prever la estrategia global y las políticas económicas a emprender para enfrentar el estancamiento económico con inflación.
Condenan que, por el contrario, se imponga mayor presión tributaria y nuevas exigencias contables, y se retome “la perniciosa” política de controles de precios y restricciones de permisos de distribución de alimentos, lo que implica regresar al contexto de desabastecimiento que estimula mercados informales con precios inaccesibles y distorsiones mayores en los mercados internos.
“La gravedad de la situación reclama un gobierno capaz de concertar los apoyos internacionales necesarios para enfrentar exitosamente la pandemia e instrumentar las medidas requeridas para sacar a Venezuela de la profunda depresión que deprime los niveles de vida de su población”, dice parte del texto.
Señalan que “la situación venezolana es crítica y harto compleja, su superación exige desarrollar un programa de reformas estructurales políticas económicas que permitan estabilizar las variables macroeconómicas fundamentales”.
Indican que avanzar en esa dirección exige respaldo de la sociedad y un liderazgo “más allá de las agendas político-partidistas y las apetencias personales”.
Asimsimo, alertan sobre una profundización de la crisis socioeconómica que atraviesa el país, al acumular seis años consecutivos de contracción con niveles 70% por debajo del año 2013, un deterioro pronunciado de los servicios públicos y la destrucción de la capacidad productiva de la industria petrolera en manos del Estado y reducción sustancial de la producción privada.
Recuerdan que las reservas internacionales se encuentran en mínimos históricos, el país está en cesación de pagos de la deuda externa desde 2017, descontrol fiscal y restricciones financieras internacionales que llevaron a una monetización descontrolada del déficit que a su vez impulsa al proceso hiperinflacionario sostenido, a expensas de asfixiar al sector bancario nacional, lo que anula el proceso de intermediación financiera.
De acuerdo con las cifras del Banco Central de Venezuela (BCV), los créditos del ente emisor al Gobierno aumentaron a 59,5% en 2019 desde el 8,5% en que se ubicaron en el año 2000. Asimismo, la circulación de billetes y monedas en manos del público bajaron de 16,6% en 2000 a 0,1% en 2019, lo que significa que el país no cuenta con las piezas monetarias necesarias para que la población realice las transacciones indispensables, lo que para la Ance demuestra “la infuncionalidad del sistema monetario-bancario”.
Indican, además, que los créditos de la banca al sector privado se redujeron drásticamente, al pasar de 41,9% en el año 2000 a 3,6% en 2019, de acuerdo con las cifras de la Superintendencia de Bancos.
Lamentan que en medio de este proceso la moneda local “fue pulverizada”, así como su capacidad adquisitiva interna y externa tras el que se impuso de forma desordenada un sistema de monedas múltiples.
Resaltan que ningún sector económico escapa de los efectos negativos causados por la inestabilidad político-institucional “y las deficientes respuestas de política económica instrumentadas por el Gobierno”.
La producción agrícola cubre actualmente a un tercio de la demanda nacional, ya deprimida considerablemente, señalan y denuncian que este sector enfrenta crecientes dificultades para trasladar sus productos a los centros poblados debido a la escasez de combustible “consecuencia de la incapacidad de Pdvsa de financiar su propia producción petrolera”.
También destacan las limitaciones para acceder al financiamiento externo, profundizadas por las sanciones internacionales “a un régimen cuya legitimidad se cuestiona como consecuencia de la violación persistente de los derechos humanos, las agresiones a las instituciones democráticas y su asociación con los delitos del narcotráfico y la corrupción”.
Como resultado, la población está sumida en niveles de miseria nunca vistos por las últimas tres generaciones , con salarios mínimos de tres dólares mensuales y más de 5 millones de venezolanos en el exterior “impulsados en su mayoría por necesidades de sobrevivencia”.
