El informe «La muerte lenta de Raúl Isaías Baduel», elaborado por el periodista e investigador Edgar López, explica que el general en jefe fue intervenido en Fuerte Tiuna en un quirófano instalado en una carpa cerca de un basurero. Este 12 de octubre se cumple un año de su fallecimiento bajo custodia del Estado y ni siquiera hay una prueba de COVID-19 que certifique la versión oficial, denuncia su hija, Andreína Baduel
Este miércoles 12 de octubre se cumple un año de la muerte del general en jefe Raúl Isaías Baduel bajo custodia del Estado y luego de casi 11 años de prisión. Un informe elaborado por el periodista Edgar López para Provea, y presentado este martes, muestra que Baduel fue sometido a una operación clandestina -supuestamente para tratarlo de una hernia inguinal- que marca un antes y un después en su estado de salud.
«La muerte lenta de Raúl Isaías Baduel» da cuenta de todas las irregularidades cometidas contra el general en jefe en su largo camino como preso político.
Como lo señaló López, los familiares y los abogados hicieron gestiones para que fuese intervenido en una clínica con médicos de su confianza, e incluso funcionarios del Sebin inspeccionaron la clínica Santa Sofía para este procedimiento. Pero «el 23 de diciembre de 2020 se hizo una operación tipo comando» para operarlo. «Aproximadamente 20 funcionarios del Sebin, con armas largas, trasladaron a Baduel» y lo llevaron al hospital Vicente Salias, en Fuerte Tiuna.
«La operación se realizó fuera del hospital, en un quirófano instalado en una carpa y cerca de un basurero», describió. Quien más maltrató al militar fue el anestesiólogo, comentó. La cirugía habría durado unas tres horas, e inmediatamente trasladaron al paciente a «La Tumba». «No le suministraron un analgésico, ni lo esencial para hacerse las curas», refirió López.
Cinco días después «le permitieron la visita de un familiar», y su esposa constató que estaba edematizado, y que el bulto en el abdomen por el cual había sido intervenido continuaba. «Él decía que el dolor era insoportable», apuntó López.
Un médico detenido por la FAES
El urólogo Vicente Diéguez dirigió la operación de Baduel. A ese médico, que estuvo al frente del servicio de urología del Hospital Domingo Luciani, funcionarios de la FAES (organismo denunciado internacionalmente por violaciones de los derechos humanos) le allanaron su clínica en Guatire, en el año 2018; por presuntos hechos de corrupción «fue detenido, imputado y permaneció detenido varios meses».
Diéguez «fue el médico que lo intervino el 23 de diciembre de 2020», como lo confirmó el mismo Baduel. Provea intentó consultar al urólogo sobre lo sucedido, pero cuando se le formularon las preguntas «más nunca contestó los requerimientos de Provea». El médico se marchó de Venezuela y hoy reside en España.
Una hija del militar que es enfermera, Nayeska Baduel, contó que pocos días antes de morir Baduel estaba edematizado, que reportaba mucho dolor en la zona lumbar; al parecer el día de la cirugía intentaron aplicarle anestesia raquídea y lo lastimaron. No es normal que una persona intervenida presentara más dolencias después de la cirugía que antes de practicarla, sentenció.
Al cumplirse el primer año de la muerte el Ministerio Público no ha informado sobre la investigación para determinar las causas del deceso, subrayó López. La Misión de Determinación de Hechos de la ONU ha advertido que las investigaciones deben ajustarse al Protocolo de Minnesota. «Una exhumación realizada por personas comprobadamente expertas e independientes podría arrojar luchas a propósito de lo inverosímil de la COVID como causa de muerte», detalló.
El periodista e investigador citó la Misión de Determinación de Hechos, que recomendó el Protocolo de Minnesota para este caso. «Lo que basta es atenderlo», agregó. «La exhumación de los restos pareciera una opción, pero esa exhumación debería ser validada por expertos independientes que también se ajusten al Protocolo de Minnesota».
López resaltó que, en el caso de Baduel, el Estado «asumió un control hegemónico sobre el protocolo de autopsia y sobre la inhumación, por lo que no puedo intervenir ninguna persona de confianza» en los días posteriores a la muerte. Una exhumación conforme con el protocolo de Minnesota debe permitir la participación de expertos internacionales, pero «lo que tenemos a la vista es el silencio del Ministerio Público».
El Estado es responsable, denuncia su esposa
Cruz María de Baduel, esposa del general, se enteró de la muerte de su esposo «a través de los vecinos y por una noticia que salió en Twitter». Explicó que nunca le dieron acceso al Helicoide, y que en la morgue le advirtieron que si hablaba con la prensa «íbamos a perder la concesión de acompañar al cadáver al cementerio».
La muerte del militar fue «en cámara lenta, una muerte muy despacio, que lo hizo sufrir muchísimo». Comentó que en dos años apenas pudo verlo seis veces, en un espacio totalmente controlado y con cámaras «y con vidrios tipo espejo». Informó que la última vez que lo visitó le confirmó que se sentía mal, que seguía el abultamiento desde la costilla hasta la zona inguinal. «Decía que sentía como si el estómago estaba debajo del pulmón», con los órganos desordenados y un vacío.
«El Estado venezolano y sus agentes son los responsables de su muerte», enfatizó Cruz María Baduel. «Hemos pedido una investigación imparcial y transparente» pero «no hemos tenido ningún tipo de respuesta». Repitió su llamado a los organismos internacionales para que hagan una investigación «desde el inicio de la primera causa», pero ha pasado un año y nadie la ha llamado.
«Ya Raúl no está», expresó. «Donde está nunca más podrán apresarlo» pero «yo no he podido aceptar su partida, porque era el hombre con quien esperaba envejecer, y me lo quitaron».
Andreína Baduel: Ni siquiera hay una prueba de COVID-19
Andreína Baduel, hija del general, denunció que su padre se estaba muriendo y a las autoridades «no les dio la gana de brindarle atención médica». Recordó que su hermano Josnars sigue preso en el Sebin «y sigue impune el asesinato de mi papá» que fue «un asesinato en cámara lenta, un asesinato premeditado y con absoluta saña».
El día que mataron a Raúl Baduel «también mataron a Andreína Baduel», lamentó. Murió «como buen soldado, con las botas puestas» luego de 12 años en prisión en los que hubo desaparición forzada, tratos crueles e inhumanos.
«Sus últimos días fueron en el Helicoide, con mi hermano Josnars Baduel». En las últimas dos semanas en el Helicoide «estuvo en una condición de salud bien delicada» que «le potenciaron en esa desafortunada operación» que lo que hizo fue «potenciar sus males y acabar con su vida».
Como lo manifestó Andreína Baduel a los familiares nunca les confirmaron que había sido trasladado al Helicoide, pero les recomendaron que le llevaran cosas a ese lugar. El 2 de octubre de 2021, 10 días antes del fallecimiento, «no tenía ningún síntoma asociado con COVID», reiteró. Su hija refirió que no pudieron verlo más, y que se enteraron la muerte por las redes sociales. «A nosotras nadie nos llamó. Ese mismo martes (12 de octubre) al mediodía fuimos a llevarles comida» y lo que pudieran necesitar. «En ningún momento nos informaron que su cuadro de salud había empeorado».
«Teníamos la esperanza de que fuese mentira, pero es una realidad con la que vivimos día a día», admitió. «Sigo sin creer que haya tanta saña y maldad, y que siga impune el asesinato de mi papá».
Andreína Baduel enfatizó que, al día de hoy, «no hay ni siquiera una prueba de COVID para validar la versión que ellos han querido vender al mundo de que mi papá supuestamente falleció por COVID-19».
En Venezuela no tenemos instituciones a favor de la gente y el abuso de poder es una constante para las familias, subrayó Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea. Uzcátegui invitó a las personas que han sido testigos de violaciones de derechos humanos a acercase a las organizaciones que pueden investigarlas y llevarlas ante organismos internacionales.
