La abogada Josefa María Camargo Rincón, apoderada de nueve personas supuestamente jubiladas del Ministerio Público, alegó razones humanitarias
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revocó la multa que había impuesto a un grupo de ciudadanos que demandó la nulidad del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre). El dictamen fue emitido por el magistrado Malaquías Gil
En septiembre pasado la abogada Josefa María Camargo Rincón, apoderada de nueve personas supuestamente jubiladas del Ministerio Público, solicitó al TSJ que revocara la multa impuesta en la sentencia Nro. 00444 dictada por la Sala Político-Administrativa el 11 de agosto de 2022. Lo hizo alegando razones humanitarias, porque los demandantes son personas de escasos recursos que viven de una pensión.
La sanción le había sido impuesta «a cada uno de los accionantes y a su representante en el presente asunto, por cincuenta veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela».