Toda la responsabilidad de la atención de los detenidos recae en las familias, concluyen los investigadores de Una Ventana a la Libertad
Tiene 42 años y su hijo, que no llega a los 30, ha pasado cuatro y medio tras las rejas; la mayor parte de ellos, en el Conas. Decir que a María le ha tocado de todo es quedarse corto: conseguir dinero cómo sea, caminar para llegar al recinto a llevarle lo que necesita. Ahora su único hijo está en la cárcel de El Rodeo. «Yo le llevo su comida», el jabón, el champú, todo lo que pueda necesitar.
Ha sufrido retardo procesal, hacinamiento, momentos malos, momentos peores. El juicio comenzó hace dos meses «pero no lo volvieron a llamar».
María contó su historia, o algunas partes de ella, durante la presentación del informe «Monitoreo año 2022. Situación de los derechos humanos de las personas Privadas de Libertad en los Centros de Detención Preventiva de Venezuela», de Una Ventana a la Libertad.
Los detenidos son objeto de extorsión, pasan hambre y están hacinados, confirmó Magaly Huggins, coordinadora de investigación de la ONG. En el país hay unos 500 centros de detención policial que se han convertido en un sistema penal paralelo, refirió el coordinador de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma. En lo que fue la Zona 7, hoy sede de la PNB, la capacidad «es para 200 personas y casi que mil reclusos».
Toda la responsabilidad de la atención de los detenidos recae en las familias, que llevan productos de higiene, vestimenta, toallas sanitarias; es decir, si las familias no pueden garantizar agua, alimentos y medicinas, el ciudadano privado de libertad puede enfermarse, o morir, advirtió Huggins.
Allegados de trabajadores presos han relatado a los medios de comunicación lo que les cuesta que los saquen de la celda, que les garanticen agua, que puedan recibir las visitas.
«La familia tiene que cubrir todo, pero además de eso tiene que pagar extorsión. Tiene que incluir en el presupuesto cuánto voy a pagar para que le entreguen la comida, cuánto voy a pagar para que le entreguen los medicamentos, cómo hago para que me lo lleven al hospital. Dólares, dólares, dólares. El país bolivariano que acabó con el bolívar. Todos son dólares», criticó la criminóloga. «Familias de sectores populares que tienen un ingreso mínimo tienen que pagar todos los gastos de sobrevivencia de su familiar detenido, además de la extorsión».
La extorsión no es sancionada. Según el informe «Llama la atención el pequeño número de funcionarios detenidos bajo investigación por extorsión, 2 o 4.26%, cuando según las familiares que acuden a llevar alimentos, medicamentos y oros suministros de limpieza, la extorsión es algo que ellas deben prever para llevar el dinero que les es solicitado, en dólares».
«En Venezuela hay propuestas de solución al sistema penitenciario», recuerda Nieto Palma. ¿Qué harían con los calabozos? Eliminarlos como sistema carcelario paralelo y dejarlos como sitios transitorios, que solo deben albergar a los investigados durante 48 horas.
Aunque las políticas públicas deben garantizar que el delito se reduzca, y cerrar cárceles en lugar de abrirlas, el abogado calcula que Venezuela necesita una cárcel por estado para procesados y una cárcel por estado para penados. Por lo pronto, lo que hay es un horror cotidiano.
