Dos adolescentes fueron asesinados, el 5 de diciembre de 2018, en el kilómetro cero de la Carretera Panamericana. Una comisión de nueve funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), tres de ellos de la FAES, entró «en lógica de asalto a un lugar donde había una congregación de niños y familias montando un nacimiento frente a una casa de familia», recuerda Antonio González, defensor de derechos humanos e integrante del colectivo Surgentes.
Los policías «entraron disparando, hirieron a tres personas en un primer momento», rememora. «Había puros chamos, era una actividad comunitaria».
A uno de los adolescentes, Yonaiver Moreno, «lo ejecutaron: después de haberlo herido, uno de los policías lo acusaba de haberle robado una moto, era un chamo con una condición especial. El chamo explicó ‘no soy de aquí, soy de Guárico, estoy ayudando a mi tía’, pero el funcionario, después de herirlo en el hombro, le disparó a quemarropa en la cara». Tenía 16 años.
Ricardo Castro Moreno (13 años), herido en la espalda cuando la comisión policial ingresó disparando al lugar, falleció al día siguiente.
«Los policías allanaron la casa sin orden judicial, empujaron a la abuela de un chamo asesinado, le dijeron ‘vieja bruja, vete pa’cá’. En el lugar había funcionarios policiales familiares de los muchachos, pero los integrantes de la comisión de la PNB no les creyeron y los golpearon. Revisaron la casa, no consiguieron ninguna moto robada», describe González. Después de sembrar el caos, los PNB dijeron que habían cometido un error, y se marcharon.
El caso, explica el defensor de derechos humanos, lo han impulsado Heidi Moreno, mamá de Ricardo y tía de Yonaikel, y otros familiares.
«Ellas tienen cinco años peleando por la justicia», subraya. «Logramos que el juicio esté a punto de concluir, y esperamos una sentencia condenatoria la próxima semana». Los nueve funcionarios han sido acusados de homicidio intencional y omisión de socorro, porque ellos hirieron a varias personas y no las atendieron «aunque un policía tiene la obligación de prestar auxilio». Tres de ellos, indica, «están en la coordinación policial de El Peñón, y cinco (el sexto murió en un choque) se mantienen en arresto domiciliario sin custodia policial; es decir, salen cuando quieren».
En estos cinco años «el aparato penal clasista, discriminador, negligente y corrupto hizo muchas cosas para que no hubiera sanción», enfatiza. Eso cambió por la insistencia de Heidi: «El Tribunal 32 va a emitir una sentencia, esperamos una sentencia condenatoria».
Este domingo 10 de diciembre, a partir de las 2:00 pm, se hará un encuentro, justo en el lugar de los hechos, con vecinos, familiares y amigos. «Vamos a recordar los asesinatos, a exigir justicia. Habrá una misa, vamos a retocar el mural. Es una forma de reparación moral: aquí estamos recordando a estos chamos y aquí estamos peleando para que estos hechos no se vuelvan a repetir y para exigir justicia».
