La legislación establece que, si el arrendatario incumple varios supuestos en la ley, el propietario puede optar al desalojo, una vez que culmineel contrato a su voluntad
En ciudad capital, existen al menos 300 edificios de vieja data -según el Movimiento de Inquilinos- y a cuyas familias se les han violentado sus derechos, refirió este lunes Ana Caraballo, en representación de la organización, conformada «por el poder popular».
Reunidos en las afueras del Ministerio Público en Plaza Carabobo, Caraballo refirió que a la fecha, se han paralizado al menos seis mil desalojos con sentencia firme. «Una lucha incesante contra propietarios que violentan los derechos de las familias alquiladas».
La activista social manifestó que en algunos casos, los propietarios exigen el pago del arrendamiento en moneda dura (dólares) «y no consideran que por ser edificios de vieja data, en avanzado deterioro -tanto en su estructura interna, como externa-, y por ello, el canon debe estar ajustado a una tasa justa», acotó.
Agregó además, que los desalojos se dan sin medidas legales «por ello exigimos ante el Ministerio Público y a la Asamblea Nacional, el cese de tanta arbitrariedad por parte de los propietarios».
Por su parte, Hernán Vargas, representante del Movimiento de Pobladores, explicó que «el poder popular pretende recuperar todos aquellos terrenos o viviendas que estén ociosas, tal como lo establece la Ley de emergencia de terrenos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, y el decreto especial de zonas por vivir», aclaró el vocero.
Apuntó «no se trata de quitarles el inmueble a los dueños, se trata de negociar con ellos para lograr comprar a precio justo a través de la ley».
Vargas dijo también, que se trata del segundo documento que se entrega para exigir se cumpla el derecho a la vivienda a través de la la autogestión y la comuna. «Que se frene la penalización por la justa recuperación de terrenos ociosos; en Venezuela apartamentos vacíos y también hay personas que los necesitan».
¿Qué dice la legislación?
El abogado en representación del Movimiento de Inquilinos, José Ignacio Garbio Garrillo, explicó que Caracas tiene características muy particulares en lo que se refiere a la situación de la vivienda.
«Hay edificios de vieja data, que pertenecieron a personas que probablemente no estén vivas o ya no estén en el país, y están en un limbo legal, con respecto a la titularidad de la propiedad».
Indicó que parte de la tarea del Movimiento de Inquilinos, es impulsar esa transferencia de esa propiedad al Estado y de allí a quienes la habitan y mediar entre las relaciones entre el inquilino y el propietario «para que se coloquen a derecho, es decir, evitar la especulación e impulsar a que los inquilinos puedan pagar el canon de arrendamiento adecuado y velar que las relaciones entre las partes transcurran de la mejor manera».
Manifestó que sigue en vigencia el decreto presidencial el cual establece que los desalojos forzosos «están prohibidos, y por ello es preciso canalizar que las acciones se hagan de la mejor manera», dijo el jurista.
Sin embargo, el abogado explicó que La ley de arrendamiento vigente desde el 2011, tiene algunos supuestos en los cuales el propietario puede disolver el contrato de arrendamiento, «siempre y cuando el inquilino incurra en esos supuestos».
Los supuestos son: «que no pague el arrendamiento, que el inquilino honre su compromiso. Mientras que los otros están relacionados al uso de la vivienda: que la persona haga remodelaciones de la arquitectura original del inmueble sin permiso del dueño; que lo utilice para usos que no fue contratado, distinto a la vivienda y que también esos usos vayan en contra a la moral y a la convivencia ciudadana», explicó el especialista en materia de vivienda.
Y puntualizó «si el inquilino incurre en esos supuestos, el propietario puede perfectamente suspender el contrato y recurrir al desalojo».
