Según explica el economista Rodrigo Cabezas, las medidas sugeridas por el FMI en 1989 y que el gobierno de Carlos Andrés Pérez acató al pie de la letra, se tradujeron en una mayor inflación, mayores niveles de desempleo y una importante caída en el tipo de cambio
Desde el punto de vista estrictamente de la vida económica de Venezuela, el Caracazo fue el reflejo de la primera experiencia que tuvo la economía y los gobiernos del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así lo afirma el economista y profesor universitario Rodrigo Cabezas.
Volteando la mirada al pasado, detalló que una vez establecido en el poder, con un segundo período presidencial, Carlos Andrés Pérez junto a su gabinete económico tomaron la decisión de establecer en 1989 un programa de ajuste en la economía nacional y de cambio estructural de la mano del FMI, a fin de poder recibir un financiamiento adicional a las reservas internacionales, debido a los niveles de endeudamiento que enfrentaba el país.
«Lo cierto es que al aplicar el programa del FMI, tal y como lo suscribió el gobierno de Pérez con el Fondo Monetario Internacional (…) el gobierno de Venezuela se vio comprometido a un conjunto de decisiones de política económica que agravaron la crisis que ya había dejado Jaime Lusinchi», señaló.
En entrevista para Contrapunto, detalló que las recomendaciones emitidas por el FMI para otorgar un préstamo de 3.000 millones de dólares a las reservas internacionales de Venezuela, suponían una reducción del gasto público real que alcanzó el 24%, además de una reducción de las importaciones, un aumento de las tasas de interés: «Por supuesto, todo esto significó una mayor inflación, un mayor desempleo, un deslizamiento que no se había visto del tipo de cambio, pasando de 14 bolívares por dólar a Bs. 35 por cada el dólar», en el transcurso de un año, además de una recesión económica.
«Los últimos tres años de (el gobierno) Lusinchi, entre 1986 y 1988, fue de crecimiento moderado, rondando el 5% del Producto Interno Bruto del país. Pero en 1989 el resultado macroeconómico fue dramático, evidenciando una caída de la producción, del PIB de -7,8%, que es una de las caídas más grandes que hemos tenido en términos de recesión económica medida en la economía venezolana, compitiendo con la del año 2003 -con la huelga petrolera- y la de los años 2018 y 2019 con el cuadro hiperinflacionario bajo el gobierno actual», apuntó el especialista.
Solo un indicador positivo: la balanza de pagos
Cabezas explicó que como consecuencia de estas medidas severas, en 1989 todos los indicadores de la economía se agravaron: los niveles de desempleo se elevaron y la inflación, cuyo promedio era del 28% avanzó hasta el 84%. Además, se aplicó la libertad de precios y se eliminaron subsidios, generando malestar en la población.
Puntualizó que al revisar las cuentas de la Nación se podía evidenciar que el Producto Interno Bruto, el producto interno per cápita, la inflación, el desempleo, el tipo de cambio, las tasas de interés, la inversión bruta fija real, las importaciones, el gasto del gobierno, la demanda agregada interna, el consumo, e incluso el gasto del gobierno en términos corrientes de bolívares, se encontraban en números negativos para 1989. Solo existía un indicador positivo: el de la cuenta corriente de la balanza de pago de Venezuela.
«Es decir, toda esa cuenta corriente de pagos venía siendo negativa y se puso de pronto, en el año 89′, positiva. ¿Por qué? Porque como se desplomaron las importaciones por causa de la política económica, la contracción del gasto y de la inversión, se generó un resultado favorable en la balanza de pagos. Entonces, uno se preguntaba por qué solo ese dato era positivo, y esto se debía a que el FMI siempre busca fundamentalmente que el país pueda pagar», explicó al señalar que con dichas medidas el organismo podía garantizar que Venezuela no dejaría de pagar sus deudas.
Tensiones en el entorno político y social
Una vez conocido el documento que firmaron el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV) y el Ministro de Finanzas de la época, en representación del gobierno, se entendió que se trataba de «una sujeción a un programa férreo de ajuste macroeconómico del FMI», tornando negativo el ambiente político y social, generando incluso tensiones internas en el propio partido regente.
Aunque no todas las políticas económicas fueron aplicadas al mismo tiempo, las medidas centrales que exigía el FMI se ejecutaron: «Por ejemplo, se dio el incremento de las tasas de interés sobre depósitos, pasando del 9% al 33%; la inflación no se detuvo y terminó ese año en 84,5%, cuando venía de ser del 29%. El gasto real del gobierno hizo recortes significativos y cayó a -24% a lo largo de ese año; mientras que el recorte de las importaciones fue sustantivo. El último año de Lusinchi, en 1988, las importaciones venezolanas fueron de $12.000 millones aproximadamente, pero cuando terminó 1989, que es el primer año del ajuste, las importaciones se desplomaron a $7.000 millones».
Precisó que este hecho habla claramente de una caída de la inversión y de las importaciones para maquinaria, equipos, herramientas y de alimentos, que produjo la recesión. «¿Dónde se detuvieron? Se detuvieron en una corrección que hicieron al incremento de los precios de la gasolina y de algunos subsidios y entonces regresaron a la gradualidad, dijeron: ‘bueno, en 3 años subimos el precio de la gasolina a precios internacionales, y damos 3 años para quitar todos los subsidios de la economía'», indicó.
El estallido social
Para los ministros, la economía venezolana «caminaba con muletas y había que quitarle la muleta para que caminara con pie propio y fuera competitiva», pero no se contemplaban entonces las repercusiones que esto podría tener en el salario de los trabajadores y en las posibilidades de crecimiento.
Como consecuencia de ello, el 27 de febrero de 1989 se produjo un estallido social «que nadie esperaba, pero que hizo historia por los niveles de muerte y la represión que se aplicaron», porque «si tú le dices a una nación que va a haber un ajuste del gasto público sustantivo y le dices al país que van a hacer un recorte en las importaciones en materia de alimentos, calzado, maquinarias, equipos, claro que creas un ambiente social tremendo y si además el primer mes y el segundo mes amenazan con tener una inflación por encima del 80%, por supuesto que creas un ambiente social y político de inestabilidad».
En este contexto, el profesor de la Universidad del Zulia considera que la reacción de la población «no fue un absurdo», sino la consecuencia de un programa de ajuste macroeconómico y de cambio estructural que había provocado una molestia generalizada y la sensación de que «íbamos a una crisis en la que el Estado había decidido no proteger a su población».
