Osmar Benítez, Kevin Reinosa, Hécgerson Chaparro, Félix Maíz y Darwin Rivas Polanco cometieron el delito de ser hombres jóvenes en un barrio de Caracas. En procesos que sus familiares denuncian como amañados, los cuerpos policiales los vincularon con la banda de El Koki, en julio de 2021. Diez meses después los juicios no avanzan, a los defensores no los dejan ver los expedientes y los cinco siguen encarcelados

Se llamó Cacique Guaicaipuro, comenzó en junio y terminó -supuestamente- en julio de 2021. La búsqueda de El Koki, identificado como jefe de una banda criminal que operaba en la Cota 905, se llevó por delante -y no en sentido figurado- a personas que no tenían nada que ver con actividades al margen de la ley. Eso ocurrió semanas antes y se mantuvo semanas después.

El Comité por los Derechos del Pueblo (La Vega) documentó -según un informe- 23 casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto de los operativos (19 detenciones arbitrarias y cuatro ejecuciones extrajudiciales). Cinco personas siguen detenidas, como consecuencia de procesos que sus familiares califican de amañados: Osmar Benítez, Kevin Reinosa, Hécgerson Chaparro, Félix Maíz y Darwin Rivas Polanco. Pero una cosa es leer las denuncias que hace la organización de derechos humanos Surgentes (con Martha Lía Grajales al frente), y otra, escuchar sus relatos.

Casi tres horas sentados en la Plaza Altamira con el equipo de contrapunto.com no fueron suficientes para que los allegados de Los Cinco desahogaran su dolor por la injusticia y su desconcierto ante la falta de respuestas de las instituciones. Lucy Parra, mamá de Kevin Reinosa, recuerda que a su hijo lo detuvieron el 12 de julio. “Lo sembró el FAES de La Quebradita y lo puso como terrorista; dijeron que participaba con la banda de El Koki, cosa que es mentira. No es un delincuente, no trabaja con la banda de El Koki”.

A Kevin (de 27 años) lo torturaron “para que dijera que militaba con la gente de El Koki. Lo golpearon. Le pusieron una bolsa con un químico muy fuerte; él sintió que se estaba asfixiando y los policías le decían ‘¿no vas a hablar? Di que trabajas para El Koki’. Le pusieron la bolsa varias veces, y tuvo que fingirse muerto para que le quitaran la bolsa. Cuando se la quitan, que piensa que está muerto, un policía le dice a otro ‘coño, huevón, lo matamos, y sabes que no podemos hacer eso aquí’. El otro le contesta ‘no importa, lo tiramos por la Cota y decimos que murió allá’. Como mi hijo reaccionó, le cayeron a golpes y lo amenazaron, y los policías comentaron que tenían que haberlo matado en la Cota”.

Lucy refiere que otro funcionario les ordenó a los policías: “‘Busquen los materiales para sembrar a esos huevones’. Los materiales eran granadas, armas. Mi hijo sale en Globovisión parado en una mesa con los materiales que ellos le pusieron, y lo pusieron como un gran delincuente del Koki. Mi hijo quedó como un terrorista”.

De allí lo llevaron a la Zona 7 de la PNB. “Estuvo en una prisión a la que le llamaban ‘el infiernito’, donde había más de 150 presos en un huequito de dos metros. Dormían parados. Las filtraciones de las aguas negras caían allí. Les salieron cosas en el cuerpo, la cara, la cabeza”. Para cambiarse de celda le pidieron 40 dólares, pero ella solamente consiguió 20. Para pagar por la visita le cobraron cinco dólares. Lucy llora al recordar que le prestaron el dinero para pasar con su hijo el 24 y el 31 de diciembre del año pasado, pero la tarifa subió y no se lo permitieron.

Después, lo trasladaron a la cárcel de El Rodeo. La familia presume que tuvo o tiene tuberculosis. “Es más lo que tose, que lo que habla”.

La madre asegura que el juez le recomendó declararse culpable -de los delitos de terrorismo, tráfico de municiones, asociación para delinquir, traición a la patria y posesión de armamento de guerra- aunque fuese inocente, porque de lo contrario los juicios podrían extenderse por tiempo indefinido. El proceso está suspendido porque la nueva jueza tiene problemas de salud y así “han pasado más de cinco meses”. Lucy ha tenido que buscar dinero en todas partes para pagar pasajes, para costear exámenes. En El Rodeo únicamente le permiten visitarlo una vez cada 15 días.

-¿Por qué cree que lo detienen y lo vinculan con este caso?

-Creo que es para llevar una estadística y decir que agarraron a todos los de que formaban la banda de El Koki y la banda de los de La Vega. Él estaba prestando servicio militar y estaba de servicio. Le ponen traición a la patria porque aparece “volado” en Fuerte Tiuna. Nunca fui a Fuerte Tiuna a decir que lo detuvieron porque me daba miedo. No sabía qué podía pasar, si podían hacerle otras cosas, o si de repente, como lo estaban implicando como terrorista, se lo llevaron para decir que lo mataron los guerrilleros en la frontera.

Adriana Castillo es la hermana de Hécgerson Chaparro (23 años). “Lo detuvieron el 12 de julio, arbitrariamente. Lo detuvo el cuerpo FAES. En ese momento estaba embarazada; tenía seis meses de embarazo de mi segunda hija, y estaba regresando del Hospital Pérez Carreño de hacerle unos exámenes a su hija, que estaba recién nacida”. En la casa -callejón La Ceiba- estaban preparando una fiesta de bienvenida para la niña de Hécgerson, rememora Castillo. Los funcionarios se metieron en la casa, y a Adriana le impidieron subir. Narra que uno de los funcionarios la tomó por un brazo, le dijo groserías, le preguntó si le picaba “la popó” y la sentó. “Me dejó una media hora. Yo, con la barriga, tirada en el piso. Había moscas, pupú de perro. No me dejaban parar”. La muchacha, pese a todo, corrió y logró acercarse a la casa. Al quitarle la cédula, los funcionarios constatan que es hermana de Chaparro. “A varios nos tiraron al piso. Tíos, primos, hermanos, estaban en la casa porque era la bienvenida de la niña. A todos nos tiraron al piso”.

Describe que a su hermano lo arrodillaron en la puerta y le dijeron que hasta ahí llegaba. Su mamá se interpuso y afirmó que primero tenían que matarla a ella. En ese punto del relato Adriana no puede contener las lágrimas. A Hécgerson se lo llevaron a la casa de un familiar para golpearlo. En ese lugar había conejos y los funcionarios “ahogaron a los conejos, a uno lo lanzaron; empujaron a una muchacha, le pegaron a mi primo”.

Al muchacho “le sacaron mucha sangre. Demasiada sangre había. Los policías dijeron que no lo mataron para que a la maldita de mi mamá no le diera un infarto”. Le subieron los brazos y le tomaron una foto, explica. Al esposo de Adriana, que llegó en ese momento, lo querían involucrar al asegurar que era “el barbero”, un supuesto integrante de la banda de El Koki. A la madrina de Adriana también la maltrataron por defender a los tres jóvenes. Igual los trasladaron a los tres a sede policial de La Quebradita. La intervención de una dirigente política logró la libertad de uno de ellos, pero “no nos dieron respuesta de mi hermano ni de mi cuñado”.

Al día siguiente se repitió la historia de terror, recuerda, porque funcionarios policiales regresaron a la casa. “Esta vez sacaron a mi hermana, a mi mamá y a mi hermano, que está estudiando para funcionario”. Un familiar preguntó dónde estaba el permiso para que ingresaran a la casa, y los policías replicaron “eso nada más pasa en películas”. Adriana expone que pudo escuchar cómo partían la platabanda, y ahí sembraron granadas, armas”.

Martha Lía Grajales aclara que los abogados y los familiares no han tenido acceso a los expedientes. Por eso Adriana no sabe a ciencia cierta qué le adjudicaron a su hermano: “Parece que lo tienen en un mausoleo”. Mas sí observó que funcionarios del Sebin -formados en explosivos- subieron al barrio para sacar las granadas. “Le pregunté a un policía por qué estaba el Sebin, y me respondió que venían a recoger lo que mi hermano dijo que había aquí”.

La joven intenta resumir los daños que causaron los funcionarios en su casa: “Cuando entramos a la casa la puerta estaba abierta de par en par, la cesta estaba partida. Yo vendía tazas de café y me las partieron. Se llevaron dinero. Un play que me habían prestado. Le robaron la máquina de afeitar a mi esposo. Le robaron los instrumentos de trabajo a mi mamá. Mi casa es humilde; alguien que entre a mi casa a robar es un sinvergüenza, porque siempre hemos sido humildes. Ellos nos robaron todo y se fueron corriendo. Ellos saben lo que hicieron. No teníamos nada y nos dejaron sin nada. La piñata que le había hecho a mi hija también me la pisaron”. También amenazaron a su papá.

Hécgerson Chaparro continúa preso en La Yaguara. Martha Lía Grajales puntualiza que la audiencia preliminar se hizo en diciembre de 2021, y desde ese momento no ha habido nada más, ni ha comenzado el juicio. “Han pasado cinco meses” en el limbo. El caso lo lleva el Juzgado Segundo Especial con Competencia en Terrorismo. Una nueva abogada asumió la defensa por solidaridad con las familias: Arleth Figueredo. “Desde que los muchachos están detenidos, el pasado 12 de julio, no hemos tenido acceso al expediente. Es un proceso sumario de facto”, denuncia Grajales.

“En la primera audiencia el juez le dijo a mi hermano que, si lo asumía, eran 18 a 20 años; y que si no asumía, era la máxima: 42 años. Pena que no existe. Mi hermano me dice que, cuando llegó, estaba todo puesto en la mesa, y le dijeron ‘firma’ y lo sacaron. No le dieron el derecho de la palabra”, sostiene Adriana. Las lágrimas son más fuertes cuando habla del estado de ánimo de su hermano luego de 10 meses encarcelado, y de que no ha podido disfrutar de su hija. “Es su primera hija. Mi hermano se siente deprimido, cansado, desesperanzado. Ni siquiera pudo cargar a su hija”. Son muchas razones para sentirse mal.

Meibel Camacho se identifica como la esposa de Osmar Benítez y comienza su relato. “A mi esposo lo agarraron el 9 de julio en La India, en La Vega. Venía de retirar su cédula en Plaza Caracas, que se había sacado el miércoles. Llevaba bastante tiempo sin cédula porque lo robaron”. Lo señalaron como supuesto “garitero” de la Cota 905.

A Osmar, de 27 años, lo aprehende la Policía Nacional, y lo entrega a la FAES, funcionarios que lo trasladaron a La Yaguara y luego a La Quebradita. Ella no estaba en el sitio cuando lo detuvieron, pero un vecino le contó que la policía se lo había llevado a pesar de que explicaron que es un muchacho que ayudaba a la comunidad. “Su único apoyo aquí soy yo, porque toda su familia está en Cumaná”. En La Quebradita lo dejaron cinco días. Cada vez que Meibel iba a intentar visitarlo, le informaban que mejor se retiraba, porque también podían incriminarla. Incluso, una funcionaria aseveró que lo apresaron en la Cota 905, y ella replicó “fue en La Vega, no en la Cota”.

El día en que decidió ir a poner la denuncia en el Ministerio Público por la situación de su esposo, le notificaron que “se llevaron a los muchachos para presentarlos”. Fue de madrugada, y después de cinco días, que pudo verlo, esposado y “con más escoltas, que el Presidente”. Lo mudaron a la Zona 7 de la PNB, donde le informaron las tarifas: cinco dólares por visita, entre 15 y 20 por visita conyugal, 80 dólares para cambiarlo a una mejor celda. Lo acusaron de terrorismo, asociación para delinquir y tráfico de armas y municiones, enumera. También subraya que el fiscal le confesó que sabía que era inocente, pero que la orden era acusarlos.

A Osman “lo pusieron en la causa con 42 personas más”, acota Martha Lía Grajales.

“Yo tengo que llevarle todo. Allá no hay ni agua”, ilustra Meibel. Y Martha Lía da más detalles: “Vamos con los potes a que nos llenen de agua en un galpón. Uno da una colaboración”.

Roberto Maíz es de pocas palabras. Rompe el silencio para hablar de su hermano, José Félix, de 32 años. “Él salió a comprar un arroz a sus hijos, el día del operativo. Lo montaron en una patrulla, lo llevaron a Montalbán con una capucha”. Al arribar al lugar “le quitan la capucha, le dicen que lo que tiene detrás es de él, y le ponen un poco de armamentos”. Después de varios sitios de reclusión terminó en San Agustín. “Le hicieron un juicio, lo sentenciaron a seis años. Lo acusaron de porte ilícito de armas”. Hoy Roberto solamente pide “un juicio justo, que nos dejen ver los expedientes”.

José Félix es padre de tres hijos. Los niños (de siete, cinco y tres años) están con la abuela. A pesar de que a Darwin Rivas lo conoció en una patrulla policial “los presentaron como parte de la misma causa”, ratifica Grajales. A ambos los sentenciaron en noviembre pasado. Los condenaron a seis años. Al defensor público le solicitaron que apelara pero “se desapareció, no nos atendió el teléfono”. Lo buscaron en tribunales y el defensor alegó que no había nada que hacer, porque la sentencia ya se había publicado y los muchachos no quisieron admitir los hechos.

María Polanco, la madre de Darwin Rivas (35 años), comenta que a su hijo lo detuvieron el 12 de junio de 2021. Los funcionarios se metieron en la casa. “A nosotros nos dejaron en un cuarto con un policía para que no saliéramos. Yo trataba de ver, y me respondían ‘quítate, maldita loca’. Escuché que lo estaban radiando, y un policía decía ‘dale ahí mismo’. No sabía si lo querían matar o golpear. Finalmente se lo llevaron “por averiguaciones”, pero lo montaron en un camión y le taparon la cara con una camisa. Le devolvieron la cartera de Rivas sin la cédula y sin dinero.

“A pie fuimos buscándolo, pero en Montalbán no estaba”. Tampoco, en San Agustín. Lo habían trasladado a La Quebradita. Lo presentaron en tribunales. Lo movieron a La Yaguara, y posteriormente, a Zona 7. “Lo acusaron de tráfico de armas, asociación para delinquir y terrorismo”. La orden que tenían los fiscales, insiste, era que debían acusarlos aunque fuesen inocentes. Dejaron un solo delito, porte ilícito, y la familia pensó que saldría pronto, pero “le dieron una sentencia de seis años”. Rivas continúa en Zona 7. A su mamá le pidieron 100 dólares para ponerlo en otra celda, en la que sigue estando en condiciones muy precarias.

-¿Qué pide?

-Pido la libertad mi hijo. Libertad para los cinco.

En el proceso de Los Cinco “han ocurrido muchas cosas”, plantea la abogada Arleth Figueredo. “Algunos han tenido defensa pública, pero los defensores no han sido diligentes en informar el estado del proceso, cuáles son los delitos por los cuales se encuentran privados de libertad. Ha habido un hermetismo en el conocimiento de lo que se les acusa; nos decían algunos defensores públicos que ni a ellos les permitieron ver los expedientes, y no han podido ejercer la defensa como corresponde”, precisa Figueredo. “No se les informa cuáles son sus delitos ni su defensa”. Se ha violentado la presunción de inocencia.

Todas las detenciones ocurrieron en el contexto “del mal llamado Operativo Cacique Guaicaipuro. Es una aberración para nosotros que hayan utilizado la memoria de Guaicaipuro para cometer ese tipo de abusos”, deplora Grajales. Ningún fiscal se atrevió a declarar el fin de la causa, aún sabiendo que son inocentes, por temor de que lo señalen, agrega la activista de derechos humanos.

Por lo pronto iniciaron una acción disciplinaria contra los defensores públicos que estuvieron en los casos de Maíz y Rivas. Como lo argumenta Grajales “el derecho a la defensa no puede ser una mera formalidad; tiene que ser un derecho real y efectivo. Un defensor público que no cumple su tarea no está garantizando el derecho a la defensa”.

Los integrantes del comité defienden las acciones del Estado contra las bandas. “No es que nosotros estamos alcahueteando esas bandas. Es una obligación legítima del Estado recuperar el control sobre esos territorios. Pero eso no puede hacerse con graves violaciones de los derechos humanos, y mucho menos, con chivos expiatorios”, confirma Grajales. En este caso “se llevaron un montón de muchachos que no tienen absolutamente nada que ver, mientras la verdadera estructura de la banda, para ese momento, se mantenía”.

Todo indica que las autoridades querían mostrar resultados, pero sin generar soluciones reales, fustiga, porque el problema que quería combatir permanece. Y se evidencia, apunta Figueredo, que “el sistema de justicia tiene retardo procesal, que los operadores de justicia maltratan a los familiares, que se viola la presunción de inocencia”.