Una total de 107 estudiantes están en riesgo de que se les prive del derecho a la educación por una disputa entre los dueños del espacio donde funciona el colegio y la directiva del plantel que o logran un acuerdo para el desalojo
La directiva de la Unidad Educativa Privada «Don Eloy» denuncia que están siendo objeto de un desalojo forzado de las instalaciones en las que funcionan bajo arriendo desde hace más de 30 años en Cumbres de Curumo, municipio Baruta del estado Miranda.
Aseguran que el pasado lunes 18 de septiembre recibieron una notificación por parte del tribunal que lleva el caso en la que se les informaba que no podían continuar con el proceso de inscripción para el período escolar 2023-2024, sin embargo, no han paralizado las inscripciones y aguardan para iniciar actividades académicas el próximo 2 de octubre.
La parte demandante -los arrendatarios- aseguran que desde hace más de siete años el colegio no paga el concepto del alquiler y que pretenden apoderarse del anexo de la residencia familiar en la que funcionan.
El equipo de Contrapunto se trasladó hasta el lugar para conocer las versiones de las dos partes involucradas en el proceso legal.
Al llegar al colegio Don Eloy nos atendió la directora encargada, Sara Hernández, quien plantea que desde hace ocho años aproximadamente iniciaron el proceso de solicitud de desalojo y aguardaban por la sentencia, aunque cada vez que estaban por sentenciar «cambiaban el juez»
«El proceso caía y teníamos que esperar que nombraran un nuevo juez y comenzar el proceso nuevamente por eso es que desde el 2018 estamos en este proceso», afirma Hernández al contar que la pandemia también retrasó el litigio.
Agrega que desde el año pasado se retoma el caso y con más ahínco los dueños del local solicitan la entrega de la estructura en un proceso «con bastantes irregularidades».
La profesora defiende que se debe tomar en cuenta que no se trata de un local o empresa cualquiera sino que es un colegio que garantiza el derecho a la educación de más de 100 niños y adolescentes distribuidos desde educación inicial hasta media general.
«De una forma arbitraria quieren que se haga ya».
«Solicitamos que nos dejen iniciar y culminar este nuevo año escolar con el compromiso de que nosotros podamos buscar un nuevo inmueble», pide al aclarar que no pretender apropiarse del local.
Hernández dice que les han comunicado que ya existe una sentencia aunque no han tenido acceso a ella por lo que están forzando a que los estudiantes sean reubicados en colegios del sistema público, algo que no ve posible, porque los planteles del estado son pocos en Baruta y defiende el derecho de los padres que eligieron ese modelo de educación para sus hijos.
«Las personas que vinieron (de la Zona Educativa) se limitaron a decir que ellos estaban haciendo su trabajo administrativo que era solicitar información de los estudiantes y del personal para proceder a la reubicación», dice.
La profesora denuncia que al colegio no se le ha planteado la posibilidad de comprar el inmueble y aseguró que han sido víctimas de hostigamiento de por parte de la señora Lelly Chaustre, una de las demandantes.
Añade que se les ha sugerido reubicar a los niños y jóvenes en un colegio que es para un grupo cerrado de hijos de «funcionarios que pertenecen al gobierno», el cual no podría ser costeado por las familias de Don Eloy.
La respuesta de los dueños del inmueble
Luego de conversar con los miembros de la comunidad educativa, salimos del anexo y tocamos el timbre de la vivienda principal para intentar conversar con la señora Lelly Chaustre y conocer su versión, quien nos atiende desde la reja de entrada.
«Tienen casi siete años sin pagar alquiler, están ahí metidos, cobran a los muchachos, no tienen ninguna mejora pero tampoco nos cancelan a nosotros ningún servicio», nos responde al pedirle su versión del caso.
Cuenta que desde hace siete años su padres, de 98 años les solicitó el desalojo porque necesitan restituir la estructura como vivienda unifamiliar.
Asegura que la comunidad educativa de Don Eloy ha retado a su familia asegurando que no saldrán del espacio porque «no nos da la gana».
«Nosotros aguantando y aguantando llevando la cuestión que debe ser… Soy propietaria de la casa», expresa.
Chaustre respondió que no hay ningún hostigamiento a quienes llegan a la institución educativa sino que ella se encarga de informar sobre la orden del tribunal que prohibe continuar con el proceso de inscripción.
«Desde marzo tienen un papel donde dice no pueden seguir inscribiendo muchachos´, entonces yo tengo allí el papel para repartírselo a la gente», nos dice mientras busca una copia de la notificación judicial que nos entrega.
«Eso lo usa de muchas cosas, eso no solamente es colegio», aseguró la señora Chaustre.
Consultada por el derecho a la educación de los jóvenes nos responde «no tengo más nada que decirte».
Otra razón
El señor, Ángel Arnoldo Díaz, fundador del colegio, plantea que detrás de la disputa por el inmueble habrían otras razones de carácter político porque la filosofía del colegio no se configura con el actual modelo del país.
«Porque nosotros trascendemos, en el marco que vive Venezuela, trascendemos los planteamientos que hay ahorita… Nosotros creemos que no se trata ni de socialismo ni de capitalismo sino educación para la vida en comunidad», afirma.
Asegura que los conflictos que han tenido son porque las personas no comparten el planteamiento de unidad que tiene el modelo educativo que se imparte en el colegio Don Eloy.
«Yo no identifico un nombre, una institución, pero sí hay gente interesada en que esto se cierre», apunta.
Díaz reitera que los dueños están en derecho de reclamar la propiedad pero solicitan que se les de más tiempo para resolver una nueva sede.
Mientras las dos partes no llegan a un acuerdo, lo único cierto es que 107 niños y adolescentes están en riesgo de quedar fuera del sistema educativo, y unas 27 personas pasarían a las listas de desempleados del país.
